La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, firmaron hoy junto a los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación regional de Empresarios (CECAM), el Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, que beneficiará a más de 50.000 familias.

Tras el acto de la firma, celebrado en Toledo, Barreda resaltó que este acuerdo beneficiará principalmente a los más de 35.000 jóvenes demandantes de una vivienda en Castilla-La Mancha, resaltando que se trata de la primera región en poner en marcha un proyecto de estas características que, según datos del registro de demandantes de vivienda, beneficiará además a un total 50.000 familias.

Por su parte, la ministra aseguró que este Plan se encuadra en el objetivo prioritario del Ministerio de atender una "necesidad básica para el proyecto vital de cualquier ciudadano" como es el acceso a una vivienda digna, y persigue también otras metas como "conducir al sector de la construcción hacia un horizonte óptimo de equilibrio que permita diversificar el crecimiento económico de nuestro país".

 Además, la titular de Vivienda aseguró que el Ministerio tiene planeado realizar un pacto a nivel nacional, y señaló que en las próximas semanas se reunirá la Conferencia Sectorial de Vivienda para trazar las líneas maestras de la planificación 2009-2012.

Rosario de opiniones tras la firma del documento
 Los representantes de CCOO, UGT y la Confederación regional de Empresarios (CECAM) coincidieron hoy que la firma del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha garantizará el acceso a una vivienda digna y reactivará el sector de la construcción, aunque advirtieron que se mostrarán vigilantes para que la iniciativa de Viviendas Público-Privada (VIPP) se complemente con la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y con el fomento del alquiler.

   Así lo mostraron tras la firma del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, que beneficiará a más de 50.000 familias, y que fue rubricado hoy con el presidente del Ejecutivo regional, José María Barreda, con la presencia de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

   Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, afirmó que las VIPP representan "una medida importante, inteligente y audaz", pero se tendrá que completar, a su juicio, con una política de vivienda pública que incluye la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y el fomento del alquiler.

   "Me parece una iniciativa muy buena, pero puede ensombrecer el resto de los elementos importantes en el pacto que han quedado en un segundo plano", subrayó. "Pero --añadió-- yo reivindico que la Comisión de Seguimiento, que es la que tiene que gobernar el pacto, va a permitirnos actualizar, modernizar y dar una respuesta social adecuada".

   En este sentido, reconoció la "situación realmente complicada" del sector de la construcción, y por eso "aprobamos este pacto que persigue el doble objetivo de suavizar la caída del sector y de dar satisfacción a la demanda social existente", afirmando que "vamos a ser muy exigentes a la hora de plantear cuestiones para que los proyectos que se puedan ver en la comisión respondan al sentir de la demanda de la sociedad".

   De otro lado, el secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, aplaudió la iniciativa del Gobierno regional "de avanzar hacia un pacto a través del diálogo social", porque eso "significa las máximas garantías de participación y una total transparencia a la hora de avanzar hacia mejoras sustanciales en lo que es uno de los mayores problemas de los trabajadores de la región y en garantizar el acceso a una vivienda digna".

   Por ello, señaló Pedrosa, "la obligación de las administraciones reside en intentar poner coto a aquellos problemas que impidan el acceso a una vivienda, sobre todo para los jóvenes o parejas monoparentales, que en los últimos años han sido las que lo han tenido más complicado".

   Estas medidas que engloba el pacto, afirmó, se deberán de llevar a cabo a través de la Comisión de Seguimiento o la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda enfocadas a dos partes: "por un lado crear empleo de calidad y por otro disminuir al máximo los efectos del sector de la construcción y empresas afines, consiguiendo que hombres y mujeres accedan a una vivienda digna y en condiciones".

   Al mismo tiempo, resaltó, "todo debe hacerse desde la lógica de la ordenación del territorio de forma sostenible para que nuestras ciudades, con apuesta también por alquiler, no se conviertan nunca en ciudades duales, donde existan grandes barrios olvidados".

   Finalmente, el último en rubricar el acuerdo, el presidente de CECAM, Jesús Bárcenas, destacó que se trata de un pacto con una doble faceta: "por una parte cubrir una demanda social de viviendas con unas características determinadas, y por otra cubrir, desde una perspectiva socioeconómica, un momento difícil en el que sector construcción".

   A partir de ahí, explicó, "creemos que va a generar empleo, algo que para las empresas de la construcción supone un futuro inmediato después de las tribulaciones del sector", el cual, según las previsiones se empeorará a la vuelta verano".

   Por otra parte, la directora del Instituto de la Juventud, Isabel Rodríguez, y el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, Julio Cesar García-Moya, dos de los organismos que adherirán próximamente al pacto, aseguraron compartir el objetivo social del acuerdo, porque incluye garantizar "uno de los principales motivos de preocupación de nuestros jóvenes, como es el acceso a la vivienda".

   Por eso, Rodríguez afirmó que "estamos enormemente satisfechos y esperamos dar soluciones a una de las mayores preocupaciones de los jóvenes de Castilla-La Mancha", ya que el empeño del Gobierno regional, dijo, será "trabajar en pro y beneficio de los jóvenes castellano-manchegos".

   Así, afirmó que "trabajaremos para conseguir este objetivo de que al final de la legislatura cada joven pueda disfrutar de esa vida propia que le dará el acceso a la vivienda".

   Finalmente, García-Moya mostró su satisfacción, porque este pacto "pretende materializar el acceso a la vivienda de los jóvenes de la región", garantizando el acceso a la vivienda a través de la oferta de VIPP, de VPO y de viviendas en régimen de alquiler.