El asunto no admite la más mínima gracieta, así que el lector entenderá que evitemos caer por el terreno del sarcasmo o la ironía con la intensidad de otras ocasiones.

Son ya casi tres años de drama y lo que te rondaré. El incendio de Guadalajara sigue escribiendo páginas negras en la historia de nuestra provincia, mucho más allá de aquel 17 de julio de 2005 desde el que nada es como era. La última página, bien oscura como tantas otras, se escribía en el diario "El País" el Jueves Santo. Era la página 13 de su edición nacional, para que toda España pudiera comprobar que en tratándose de la Justicia nada es lo que parece y todo depende del color (político) con el que se mira. Como si no lo supiéramos.

El rotativo madrileño volvía a actuar como cornetín de órdenes para uno de los ejércitos embarcados en esta batalla. ¿Hacia dónde van las tropas y las escaramuzas? Hacia donde anuncia "El País", siempre por delante de la noticia cuando se trata de pegar volantazos (a la izquierda) en la instrucción del sumario. Corregir el rumbo se llama a eso, más que nada porque hay quienes trabajan con denuedo en sentido contrario.

Según ese diario, "Un acuerdo contrario a la Ley Electoral apartó a la juez del caso de Guadalajara". El caso, ya saben, fue la muerte de 11 personas aún no se sabe definitivamente por qué o por quién. De un modo nada casual, quienes han alertado de las circunstancias que originan semejante titular han vuelto a ser los vocales llamados "progresistas" del Consejo General del Poder Judicial don Fernando Salinas, don Juan Carlos Campo, don Luis Aguiar, don Félix Pantoja y la inefable y bien conocida por Guadalajara doña María Ángeles García, fiscal jefe que fue de nuestra Audiencia Provincial en los azarosos días (años fueron) en que Alique y ella intentaron en vano meter en la cárcel a Francisco Tomey.

A estos prohombres y a esta promujer de nuestra judicatura les habría parecido mejor que la juez que actualmente instruye el sumario sobre el incendio de Guadalajara no hubiera llegado tan pronto a su puesto. Tal cual. Para ello habría bastado, calculan ellos, que se hubiera atendido la petición de su predecesora, que quería acabar esa instrucción, a pesar de tenérselas tiesas de forma reiterada con Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia Provincial y sujeto activo, pero que muy activo, en todo este caso, tan trágico por tantos motivos. Para evitar su traslado a San Sebastián sin rematar la faena (instructora) por haber sido ascendida a magistrada con nuevo destino el 25 de abril de 2007, la juez Concepción Azuara recordó que era presidenta de la Junta Electoral de Zona y que estaba legalmente obligada a serlo durante cien días. El Consejo General del Poder Judicial le ordenó que en diez días tuviera hechas las maletas. Y con ellas se fue.

Hay quienes creen firmemente que en esos tres meses la juez Azuara habría podido asestar el carpetazo definitivo a un sumario que levanta ronchas en tantos despachos. Significativamente, fue su sucesora, María del Mar Lorenzo, la que desató casi de inmediato la oleada de citaciones de cargos públicos, en línea con la estrategia judicial más del gusto de la presidenta de la Audiencia de Guadalajara. El que los políticos se sienten en el banquillo ha dependido de una juez por no depender de otra. La Justicia será ciega, pero no manca.

El que todo esto se utilice ahora no es casual, como demostrará en los próximos meses la agenda que nos espera, con una ex-consejera de la Junta de Comunidades pendiente de su condición de ex-aforada para saber si después de salir corriendo cambiará el butacón que le buscaron en una empresa pública por el más duro asiento del banquillo del Juzgado de Sigüenza.

De lo que venga ya daremos oportuna cuenta, aunque con lo ya sucedido tenemos suficiente para aterrorizarnos como ciudadanos. A estas alturas del telediario ¿hay alguien que todavía tenga una mínima confianza en la Justicia española?

Quizá en otras latitudes vestir una toga no implique necesariamente apuntarse al bando de los azules o al de los coloraos, enfangados en un constante y siniestro cambalache partidista más que en la aplicación rigurosa de la ley, sin otras excrecencias. Hace ya años que los cargos políticos con carnet del PSOE tienen enjuiciada a Concepción Espejel, a la que consideran una irreductible y encubierta "pepera" cuando el periodista escucha sin grabadora. Luego, callan en público aunque encizañan por detrás. A eso no ha dejado de contribuir el pasar pretendidamente discreto de la interfecta, más amiga de actuar que de hablar... sobre todo si es ante un periodista, claro. Así, si algún día vuelve a ser propuesta para entrar en el Consejo General del Poder Judicial por la Asociación Profesional de la Magistratura –esa que coincide en sus postulados de forma habitual con el PP–, como ya lo fue en 2006, no será extraño que los gacetilleros locales nos enteremos al mismo tiempo que usted mismo o incluso un poco más tarde. Limitados que somos.

Sea como fuere, los ciudadanos no nos merecemos esto, incluidos los muchos políticos honestos que en esta provincia se están pensando si ocupar un cargo merece el riesgo de verse en un juicio semejante. Pero es que tampoco se lo merecen las familias de las once víctimas, rotas íntimamente y rotas entre sí en una discordia que lo invade todo. Ni las víctimas. Once muertos. Once puñales clavados en nuestra memoria.

Es de suponer que algún día de algún año habrá sentencia, por más que tardemos aún en leer considerandos, resultandos y fallo. Seremos entonces más viejos y no necesariamente más sabios, aunque sí mucho más resabiados. El espectáculo que nos están dando los de la toga bailando con lobos es lo que tiene. Tanto que a uno le da por pensar que quienes más están haciendo, a día de hoy, por darnos un sistema judicial fiable en España son los funcionarios. Ellos al menos se han puesto en huelga. Otros están que no paran.