Ya hace días, LA CRÓNICA reflejaba algunos casos de personas que han visto que una sentencia hacía tabla rasa de sus deudas, por la Ley de Segunda Oportunidad. Hay más casos.
El que hoy traemos a colación es el de una vecina de Guadalajara que ha visto cómo se cancelaba una deuda de 529.523,94 euros por la acumulación de deudas de hipotecas, logrando también mantener dos viviendas al 50% y un vehículo en propiedad. Se dictó sentencia al respecto en el Juzgado de Primera Instancia nº 4.
La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal vigente en España desde 2015. Requiere que el que aspira a beneficiarse de esta norma legal no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez años anteriores, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento «de buena fe», sin ocultar bienes ni ingresos.
Medio millón que ya no aprieta
Esta vecina, con nómina y contrato fijo, se sobre endeudó hasta acumular casi medio millón de euros pendientes de pago. La carga le venía, sobre todo, por las hipotecas que solicitó en el ya lejano boom inmobiliario. En estas, perdió su trabajo por la quiebra de la empresa donde estaba empleada. Los ingresos se redujeron considerablemente y los problemas, aumentaron.
La mujer intentó por su cuenta acordar alguna prórroga u otra forma de pago, sin éxito, mientras los acreedores cada vez acuciaban más.
Un despacho de abogados llegó a armar un plan de pagos, que no fue aceptado por las distintas entidades bancarias ni contestado por las Administraciones Públicas.
La mujer contaba con 2 viviendas al 50% y un coche apenas sin valor. Las hipotecas de las primeras, «abusivas en cuanto a sus condiciones» según explican, no las podía pagar.
“El objetivo era hacer ver al juzgado que una liquidación por el 50% de esas partes de propiedad no eran rentables, iba a quedar desierta y se iba a perder tanto el tiempo como los costes de toda esa gestión. Con ello, se conseguía mantener el usufructo de la vivienda por parte de la asociada hasta que el banco por su cuenta consiguiera iniciar una subasta”, recuerdan desde el despacho de abogados quienes, resaltan, una vez comprobados los requisitos y concedida la “segunda oportunidad” a la deudora, ha quedado libre de pagar 528.854,75 euros que arrastraba en deudas. Solo le quedará por pagar la parte “no exonerable” del crédito público, 669,19 euros, ante el Ayuntamiento de Madrid.