Aquel fue un juicio con mascarillas, por culpa de la pandemia. Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 3 años y seis meses de prisión al cartero que retiró alrededor de 30.000 euros por cajeros de toda España, tras apropiarse de las tarjetas de 15 personas y que deberían haber permanecido el interior de otros tantos envíos postales, junto con el correspondiente pin para utilizarlas, remitidos por el Banco de Santander a clientes de la zona.
Los hechos ocurrieron entre junio de 2016 y junio de 2017 cuando el condenado trabajaba en Correos como cartero en esta localidad.
Han pasado tres años justamente desde que esta persona –F.J.C.M.– fuera condenada con la misma pena de prisión por la Audiencia de Guadalajara, según informó ampliamente LA CRÓNICA.
En aquel juicio, celebrado en enero de 2022 en Guadalajara, se consideró probado que se apropió de cerca de 30.000 euros tras acceder a las tarjetas de débito o crédito y el pin que enviaba el Banco Santander por carta a los clientes, antes de que estas llegaran a los domicilios.
Tras ser declarado culpable por unanimidad por un jurado popular, el acusado fue considerado por la Sala en la que se le juzgó como autor penalmente responsable de estos delitos, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Pillado por el rastro del móvil
De acuerdo con la sentencia, se entiende que el acusado se apropió de las tarjetas de crédito y números pin de los clientes y que hizo uso de ellas, todo ello en base a los indicios que le vinculan, entendiendo, entre otras cosas, que dichas tarjetas solo podían haber sido sustraídas en la oficina de Correos de El Casar. Se rastrearon todos los móviles de los trabajadores y en ninguno se encontró ningún dato de geolocalización de los lugares de extracción del dinero, salvo en los vinculados al acusado.
Además, días antes de estos hechos, que se sitúan en los años 2016 y 2017, el Banco de Santander había cancelado la cuenta del acusado por impagos, lo que unido a diferentes declaraciones en las que se afirmaba que F.J.C.M. había pedido dinero a sus compañeros y amigos, indica que se encontraba en una situación precaria económicamente, valorándose esto como posible móvil para perpetrar los hechos juzgados.
La pena impuesta en 2022 y ahora ratificada coincide con la solicitada por el Ministerio Fiscal, que pedía para el acusado al menos una pena de tres años y medio de prisión por la infidelidad en la custodia de documentos y por estafa informática y que en ningún caso se le retirase la entrada en la cárcel.