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La Crónica de Guadalajara
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Viernes, 19 de julio de 2019

A los “pobladores” de Fraguas les van a cobrar 40.000 euros por demoler lo que levantaron allí

Tragsa ha fijado en esa cantidad los trabajos necesarios para cumplir la sentencia
Una vivienda sometida a demolición por la sentencia, al dar la razón a la Junta de Comunidades. (Foto: Colectivo Fraguas)
Actualizado 10 julio 2019 13:52
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La empresa estatal Tragsa ha fijado en 40.000 euros el presupuesto de demolición que tendrán que abonar los pobladores del antiguo pueblo de Fraguas por las construcciones que llevaron a cabo allí durante los últimos años de okupación de este paraje, que se encuentra en terrenos de titularidad pública, propiedad de la Junta de Comunidades.

De hecho la propuesta de valoración de TRAGSA tendrá que ser aceptada y aprobada por la Junta de Comuniades de Castilla-La Mancha.

Estos hechos han sido reveledos por el colectivo de Fraguas en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA. Han mostrado su disconformidad con tal propuesta y han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que no apruebe este presupuesto porque incluye "irregularidades", aludiendo a que el coste lo elevan ahora a 40.000 en vez de los 26.000 euros inicialmente previstos porque incluyen obras posteriores.

Este colectivo ha asegurado que entre los edificios que contempla Tragsa para demoler figuran algunos posteriores a la condena, por lo que son obras que "no aparecen detalladas en la sentencia" y por ello, "su demolición, en caso de producirse, sería ilegal y extrajudicial".

De igual modo, el colectivo de Fraguas ha alertado de que "la demolición se va a realizar por medios mecánicos no selectivos, entrando con maquinaria pesada en una zona protegida como parque natural". De ahí que haya exigido que se elabore un informe sobre el impacto ambiental y daños sobre el patrimonio que la demolición causaría.

En un comunicado señalan, igualmente, que, "en contra de la condena que establece con claridad que la demolición debe ser exclusivamente de lo reconstruido" ahora "quieren demoler hasta ruinas del antiguo pueblo que existían previamente".

Los encausados e integrantes de este proyecto siguen manifestando que no van a pagar la demolición "para borrar definitivamente del mapa un pueblo que data al menos de 1749", y que a su juicio fue expropiado "forzosamente y de forma irregular en el franquismo".

Han asegurado igualmente que el proyecto que llevan a cabo ellos es "un proyecto joven de repoblación sostenible " y "a coste cero" para la administración en una de las zonas más despobladas de Europa.


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