El Partido Animalista PACMA ha denunciado al Ayuntamiento de Uceda por no actuar ante la presencia de varios perros de rehala sin supervisión en zonas próximas al núcleo urbano durante una montería celebrada el pasado 3 de febrero de 2026.
En esa fecha, la formación política condenó lo ocurrido denunciando escenas de «extrema crueldad» con animales, la presencia de perros ensangrentados deambulando por las calles y el abandono de cadáveres en el entorno urbano.
Según trasladaron, los vecinos habrían tenido que soportar disparos en las inmediaciones de sus viviendas y escuchar durante largos periodos la agonía de los animales, en una situación que calificaron de «inaceptable» por el riesgo para la seguridad y la convivencia.
A pesar de estas denuncias públicas y de las quejas vecinales, el propio Consistorio reconoció posteriormente que «varios perros de rehala accedieron a zonas próximas al núcleo urbano», limitándose a trasladar su «malestar» a los responsables del coto, sin adoptar medidas de control o sanción.
UN CONTROL QUE DEBE REALIZAR EL AYUNTAMIENTO
Desde PACMA advierten que estos hechos podrían constituir infracciones tanto leves como graves de la Ley 7/2020 de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha.
En particular, recuerdan que los ayuntamientos tienen la obligación de ejercer labores de inspección, vigilancia y control de animales, así como de garantizar que no supongan un riesgo para la ciudadanía ni circulen sin supervisión.
El partido subraya además que la normativa autonómica no contempla excepciones para los perros de caza o de rehala, por lo que estos deben cumplir las mismas condiciones de control y seguridad que cualquier otro animal. En este sentido, consideran que la presencia de estos animales sueltos podría encajar en supuestos de abandono o, al menos, de falta de control con riesgo para personas y otros animales.
Asimismo, el Partido Animalista califica de «manifiestamente insuficiente» la actuación del Ayuntamiento, al no haber iniciado actuaciones inspectoras ni procedimientos sancionadores, lo que podría suponer una situación de inactividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico.