Lunes, 24 de junio de 2019    
Las han entregado este martes en la Delegación de Guadalajara, en la plaza del Jardinillo
Los okupas de Fraguas, con 73.000 firmas a cuestas como argumento ante la Junta
Entrega de firmas en apoyo a los acusados de Fraguas, el 29 de mayo de 2018.
Actualizado 29 mayo 2018
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El colectivo de okupas o "repobladores" de la Sierra Norte de Guadalajara llevado a juicio por la Administración regional ha entregado en la Delegación de la Junta en Guadalajara más de 73.000 firmas de apoyo a los seis que están a la espera de sentencia tras ser juzgados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y de usurpación por los últimos años de actividad en Fraguas, despoblado perteneciente a Monasterio.

A las puertas de la Delegación de la Junta, poco antes de registrar las firmas recogidas de apoyo tanto a estos jóvenes como a su proyecto de repoblación de la zona, pese a encontrarse en una zona de monte público, y con una pancarta en la que se leía 'Fraguas no se toca, ni desalojo ni demolición', este colectivo ha querido dejar claro que su intención pasa por seguir en este proyecto y que, por tanto, si fuera necesario, tendría que ser la Junta quien cambiara las leyes para que eso fuera posible.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los encausados, Isaac, ha señalado que el proyecto que defienden se enmarca dentro de la lucha de un problema generalizado de la comarca como es la despoblación.

Por lo que respecta al desarrollo del juicio, el letrado que les representó en la vista celebrada el pasado viernes, ha señalado que, en su opinión, "nunca tendría que haber intervenido el derecho penal" en este problemáticas sino que había "un montón de alternativas" de las que se podría haber hecho uso.

Por ello, según su criterio, esto quedaría también acreditado con la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de retirar una de sus acusaciones contra los encausados, concretamente la de un delito contra el medio ambiente, penada con dos años de prisión, y por ello, cree que habrá una sentencia absolutoria "cien por cien".

La defensa ha justificado su decisión con el argumento de que el delito de usurpación no se configura para lo que ellos pretenden proteger, que es un bien de dominio público. Con respecto al delito de Ordenación del Territorio ha estimado que "no se dan los requisitos para poder aplicarlo".

A juicio de este colectivo, su proyecto se concreta en "reconstruir algo que ya existía", y con respecto a la campaña de firmas, han señalado también que se trata una manera de materializar una defensa de este modelo de vida basado en valores como la autogestión, sistemas horizontales de toma de decisiones y la autosuficiencia.

Por último, no comprenden las razones por las cuales no se apoyan proyectos como el suyo desde la Junta, que en su opinión, lleva más de medio siglo con políticas que "son evidentemente inútiles para luchar contra el problema de la despoblación".