Las claves de esta noticia:
- Quedan pendientes de derivar 132 hectómetros cúbicos de agua al Levante, lo que podría ser más que un año hidrológico completo.
- La consejera de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, criticó una carta de Andalucía y otras regiones que pide frenar el trasvase Tajo-Segura.
- Gómez afirma que la carta solicita una ilegalidad y el Gobierno de Castilla-La Mancha no permitirá que esto continúe.
- Se sugiere la desalación como una alternativa más sostenible para obtener recursos para el regadío en el Levante.
- La consejera menciona que cambios en las reglas de explotación del trasvase van con retraso debido a presiones del lobby agrícola del Levante.
A lo largo de los últimos meses se ha quedado pendiente de trasvasar al Levante, por unos u otros motivos, una cantidad ingente de agua. Durante un tiempo, el acueducto ha estado cerrado, por obras. Al final, quedan pendientes de derivar 132 hectómetros cúbicos.
Tal volumen de agua puede suponer por sí solo «más que en todo un año hidrológico», según reconocía este miércoles en Azuqueca de Henares la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez.
Para hacernos una idea de lo que eso supone, basta con recordar que 132 hectómetros cúbicos son equivalentes a 132 millones de metros cúbicos. Y si lo queremos en litros, tenemos que añadir nueve ceros al 132 hasta alcanzar la mareante cifra de 132.000 millones de litros de agua que saldrán, parece que inevitablemente, desde Entrepeñas y Buendía a otras provincias españolas.
Argumentos, en contra, de la consejera
Este 29 de octubre, Mercedes Gómez ha cargado contra la carta remitida por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia junto con SCRATS al Ministerio para la Transición Ecológica en la que exigen frenar el «recorte» del trasvase Tajo-Segura, asegurando que se trata de una misiva «indignante y que atenta contra la inteligencia de cualquier ciudadano».
En declaraciones a los medios desde Azuqueca de Henares, Gómez ha apuntado que en esa carta «lo que están pidiendo es que el Ministerio cometa una ilegalidad». «Están pidiendo que no cumpla el mandato que tiene del Real Decreto en el que se aprobaron todos los planes de las Confederaciones Hidrográficas de España, incluida evidentemente la del Tajo y la del Segura», ha enfatizado.
En este contexto, ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha «no va a consentir que esta situación se siga dando en el tiempo y, por supuesto, seguirá trabajando con el Estado».
Insisten en la desalación… desde Castilla-La Mancha
También ha apuntado a la desalación, ya que el Levante «puede obtener recursos para el regadío» por esa vía, algo «más sostenible e inteligente».
Lo que toca ahora es «cambiar las reglas de explotación del trasvase y cumplir lo pactado» desde con el Gobierno del Estado. Una aprobación que «va con retraso» pero que «ya tenían que haberse modificado».
Entiende la consejera que si no se ha conseguido todavía este extremo es porque el Gobierno de España «tiene muchas presiones» del «lobby de la agricultura y de la industria agroalimentaria del Levante español», que tiene «mucha potencia» porque el agua del trasvase «le resulta mucho más barata por las subvenciones que reciben precisamente para el uso de la misma».