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La Crónica de Guadalajara
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Sábado, 25 de enero de 2020

El doctor Montes apoya al grupo que desde Guadalajara trabaja por el derecho a una muerte digna

Ha mantenido una charla y posterior debate en la Bibliteca de Dávalos
Actualizado 16 abril 2018 20:53. Primera publicación 16 abril 2018 20:42.
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Con salón lleno y mucha expectación entre los asistentes se ha celebrado este lunes en Guadalajara la anunciada comparecencia de Luis Montes, el médico anestesista que centró tantas polémicas hace años por su actividad en Madrid y que preside la Asociación Federal "Derecho a Morir Dignamente" (DMD).

Esta organización no sólo promueve los cambios legislativos necesarios para que deje ser considerado penalmente homicidio tanto la práctica de la eutanasia como la asistencia al suicidio, sino que asesora legalmente a los enfermos y a sus familiares, a los que también presta apoyo psicológico y acompañamiento.

Desde el pasado mes de noviembre, la DMD tiene presencia en Guadalajara. Ha sido una de sus impulsoras, la psicóloga clínica María Castillo Lasala, quien ha introducido el acto para situar el debate "en el derecho a decidir sobre la propia vida" y encarecer a los presentes a tomar conciencia de que "es muy importante el testamento vital". Lamentablemente, este documento, fundamental para conocer los deseos de quien no tiene ya capacidad para expresarlos por sí mismo en el tramo final de su existencia, sólo puede ser formalizado en Guadalajara en la Delegación de la Junta, los lunes, con cita previa y con un corto margen horario. "Es un documento que evita a la familia lo difícil y doloroso que es tomar decisiones por otro en un trance como ese. Lo mismo, para lo sanitarios", ha enfatizado Castillo.

La peculiar figura del "homicidio compasivo"
Luis Montes, ahora jubilado pero firme en la batalla que le hizo conocido, es presidente de una federación que agrupa en España a 6.500 socios. En su apostolado alcarreño (que tendrá continuidad en una nueva y ya anunciada segunda cita después del verano) ha centrado buena parte de la intervención en los aspectos legales de la cuestión.

El enfoque prioritariamente jurídico no es baladí por cuanto el artículo 143.4 del Código Penal impide la eutanasia y la califica de homicidio. Es así desde 1995, con el socialista Belloch como ministro, cuando tenía a su lado a De la Vega y a Margarita Robles. Se considera un logro "progresista" porque se le reducían las penas en dos grados a ese "homicidio compasivo", aunque homicidio se ha seguido considerando en nuestro país a todos los efectos.
 
"En realidad, de lo que se está discutiendo es de la propiedad de la vida, de quién es", ha concretado con suma precisión Luis Montes.

Conocido es que Suiza no pone trabas legales a que se lleve a término esa libre decisión, al igual que ocurre en los tres países del Benelux. Es previsible que Portugal adelante a España por la izquierda y que en 2019 tenga ya aprobada la ley de eutanasia y suicidio asistido que está en trámite parlamentario a instancias del Bloco de Esquerdas, socio decisivo de gobierno en el país vecino.
 
Aquí, cuando Podemos llevó un proyecto similar de Ley Orgánica, en el pleno correspondiente PSOE, Ciudadanos y PdCat se abstuvieron, por lo que la propuesta decayó.

Por lo tanto, sigue vigente, y así seguirá por un tiempo indeterminado pero presumiblemente largo, ese "homicidio compasivo", en los términos siguientes:

Artículo 143
1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.


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