La Fiscalía ha conseguido cerrar en España, «por primera vez», páginas webs que publicitaban la gestación subrogada, una práctica prohibida en este país, según ha explicado la fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Paloma Pelegrín, en una atención a medios este jueves.
Se ha detectado que había intermediarios que hacían una «publicidad descarada» de esta práctica a través de empresas con sede en Barcelona, Madrid, Málaga, Guadalajara y otros lugares de España. LA CRÓNICA ha podido comprobar que es posible todavía buscar y encontrar en Internet referencia a ese servicio clínico en Guadalajara, junto con otros de fertilidad, aunque ya no hay enlaces activos a la clínica que supuestamente los facilitaba.
En Madrid, la Fiscalía impulsó dos demandas, una de ellas que ha acabado con una sentencia condenatoria, y otra que todavía no ha sido resuelta.
En el primero de los casos, la Fiscalía de Madrid logró que el Juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid dictase medidas cautelares y ordenase el cierre de la web y perfiles en redes de una empresa que publicitaba la gestación subrogada hasta la celebración del juicio.
Posteriormente, estimó parcialmente la demanda formula por el Ministerio Fiscal y declaró que la publicidad era «ilícita y desleal» y, en consecuencia, condenó a la empresa a cesar la campaña publicitaria y a publicar la sentencia en su web, blog y redes sociales
La fiscal Pelegrín ha explicado que en 2024 una asociación feminista de Vigo presentó en Galicia una denuncia penal, que fue remitida a la Fiscalía de Barcelona y a la de Madrid porque en ella figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente se dedicaban al asesoramiento, intermediación y publicidad de la gestación subrogada.
Aunque en un primer momento se consideró que no era una cuestión penal, pues no constaba que se hubiese llevado a cabo ninguna gestación, sí que podría tratarse de publicidad ilegal, teniendo en cuenta que la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida prohíbe la gestación subrogada y que la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación.
Una publicidad sin fronteras
Desde la Fiscalía dicen ser conscientes de la existencia de «multitud» de páginas internacionales que continúan publicitando esta práctica ilegal a través de sus delegaciones nacionales, por lo que tanto desde Barcelona como desde Madrid plantean que sean las Administraciones Públicas quienes bloqueen el acceso a estas páginas.
Para ello, la Fiscalía de Madrid envió un escrito al Instituto de las Mujeres, que se mostró dispuesto a colaborar, y desde las fiscalías de Madrid y Barcelona se solicitó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que bloqueara el acceso, pero la entidad ha respondido que no tienen competencia para ello y que debe canalizarse mediante órganos jurisdiccionales porque podría chocar con el derecho a la libertad de expresión.