Irritación mayúscula la que ha provocado una iniciativa del Gobierno de España, el mismo que preside Pedro Sánchez, entre la cúpula de la judicatura de Castilla-La Mancha.
El motivo podría parecer una nimiedad si no fuera porque vuelve a poner de manifiesto el empeño del Ejecutivo español por imponerse sobre el Poder Judicial al tiempo que carece de capacidad para obtener mayoría en el Congreso. La separación entre los tres poderes, planteada hace siglos por Montesquieu y norma básica en Europa desde entonces, se cuestiona incluso con lo aparentemente anecdótico, como es el caso.
El motivo concreto de discordia son los letreros, que, como el que se puede ver con detalle en esta información, ha mandado colocar la Administración central.
El impulsor ha sido el Ministerio de Justicia y la excusa, la entrada en funcionamiento de la tercera fase de los Tribunales de Instancia, prevista para el próximo 31 de diciembre de 2025, que será vigente en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.
La novedad trae aparejada la instalación de nueva señalética y cartelería en las diferentes sedes judiciales de la región, incluyendo los edificios de las Audiencias Provinciales y del propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).
A la vista salta que el modelo elegido es el mismo que el Gobierno de España para rotular los servicios propios de la Administración del Estado.
La consecuencia inmediata ha sido que el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, reunido este viernes, decidía elevar al Consejo General del Poder Judicial un acuerdo por el que se solicita al órgano de gobierno de los jueces que «evalúe el cambio o ajuste de dicha cartelería y, en su caso, requiera al Ministerio de Justicia a su retirada».


Dependencia del Gobierno
En su acuerdo, el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJCLM considera que «la señalética y nueva cartelería en los edificios judiciales es improcedente por cuanto provoca confusión».
«El modelo por el que ha optado el Ministerio de Justicia y la expresión Gobierno de España, sitúa a los Tribunales como espacios del Ejecutivo, lo que fomenta una imagen de dependencia del Poder Judicial y devalúa, a los ojos del ciudadano que accede a los servicios, la apariencia de independencia de Juzgados y Tribunales«, se razona desde Albacete.
Los jueces destacan que «la nueva cartelería se ha instalado, además, en órganos como el Tribunal Superior de Justicia o las Audiencias Provinciales, cuya denominación no cambia con la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia».
Con algo de sorna, intencionada o no, el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha explica que «no desconoce que el Ministerio de Justicia dota de medios materiales a los tribunales en las Comunidades Autónomas sin competencias en materia de Justicia transferidas, como es el caso de Castilla-La Mancha, pero entiende la improcedencia de la señalética y cartelería instalada por los motivos expuestos anteriormente».
