Han pasado 22 años desde que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hizo un buen negocio en Guadalajara.
En 2004, el alcalde Jesús Alique y el presidente Bono rubricaban bajo la nave de la iglesia de San Francisco un convenio que satisfacía a ambas partes y por el que todos se felicitaron.
La Administración regional se convertía entonces en el agente urbanizador de esos amplios terrenos, hasta entonces militares, que la corporación le facilitaba. Tras una recepción que sólo pudo ser parcial en 2010, muchos vecinos de Guadalajara viven allí, en los bloques que se levantaron por empresas privadas, dentro de esta suculenta operación urbanística.
Aquello no era gratis, obviamente: a cambio de los aprovechamientos urbanísticos, cuantiosos, la Junta se comprometía a rehabilitar todos los edificios. No lo han hecho y, dos décadas después, la situación de los mismos es mucho peor.
Reiterado incumplimiento de sentencia
Ahora, en enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado un auto que responde a un incidente de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento contra la Junta, ante la reiterada inacción de esta y el incumplimiento de los resuelto por los tribunales.
«Es un gran día para la ciudad de Guadalajara», proclamaba con una amplia sonrisa Alfonso Esteban, concejal de Urbanismo. Para el político del PP, desde este jueves ha llegado el momento de que «acabe la burla, el sectarismo, la manipulación y el incumplimiento» de Page» y de la Junta de Comunidades respecto a la capital alcarreña por el Fuerte de San Francisco.
De hecho, Esteban no se ha resistido a recordar el intento de Ciudad del Cine, proyecto valorado en 7,8 millones y que habría dado por zanjado el contencioso, con un sustancial ahorro para las arcas regionales: los técnicos municipales estiman en 30 millones de euros el coste de todo lo que está pendiente. «Hemos vivido una película de terror llena de chantajes con la Ciudad de Cine», abundaba el concejal, con retranca. «La Junta ya tiene que dejar de hacer el ridículo», ha insistido Alfonso Esteban este jueves ante los periodistas.
Casi dos años esperando este auto judicial
La última acción del Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que se ha resuelto ahora, se planteó realmente el 4 de marzo de 2024. A su vez, era la consecuencia de una sentencia de 2017, incumplida, que ordenaba rehabilitar el Fuerte a cargo de los presupuestos regionales.
Pasaron los meses y en 2018, la sentencia ya fue firme, sin eventuales excusas. No se ha hecho nada desde entonces, más allá de presentar un proyecto de reforma de algunas naves, que no se ha llevado a cabo.
Tampoco se ha hecho nada de lo que había compromiso por escrito en una addenda, como el Foro de la Juventud, una Residencia de Estudiantes, el Museo de la Ciudad en el claustro o dedicar a centro de recepción de visitantes y espacio para asociaciones de la ciudad el antiguo cuerpo de guardia.
El Ayuntamiento ha venido insistiendo en pedir el desalojo de los ocupantes en la viviendas que aún siguen en pie, la demolición de las naves que entrañan peligro, la rehabilitación del conjunto y unos plazos concretos y definidos para todo ello. Eso es lo que ha llegado de Albacete.
5 días para recurrir; un mes para empezar a cumplir
Los jueces, precisamente, han sido particularmente concretos en la parte dispositiva del auto, ya que demandan a la Consejería de Fomento de la Junta la «inmediata y completa ejecución de la sentencia» de 2017, con el siguiente esquema de plazos, muy apremiantes:
• 1 mes para iniciar la licitación de la reforma de las naves de Cerrajería y Forja, donde se iban a instalar una biblioteca y las escuelas municipales.
• 1 mes para desalojar a los que ocupan las viviendas históricas del Fuerte.
• 1 mes para licitar los trabajos de demolición de las naves que lo requieren por su mal estado.
• 4 meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del complejo.
• 6 meses para subsanar las deficiencias en la normativa edificatoria (IEE).
Junto con todo lo anterior, se establece un plazo incluso más acuciante: 10 días para notificar desde la Junta qué funcionario o autoridad responsable asume la responsabilidad de coordinar todos los trabajos y ser interlocutor ante el juez.
Ahora, la Administración regional tiene un plazo de 5 días para presentar un recurso de reposición que, por su naturaleza, no paraliza en principio la obligatoriedad de ejecutar los muchos y costosos deberes en el Fuerte judicialmente reiterados y confirmados, aunque sea 22 años después.