El espacio urbano y el diseño de los edificios y viviendas determinan la felicidad o la infelicidad de los habitantes de las ciudades, a la vez que anticipan los cambios sociales y culturales de la sociedad. En la actualidad se observa una involución o regresión sociológica con el cambio de la estructura urbana y social por los abusos de la economía especulativa.
Se disparan la desigualdad, la precariedad, la pérdida de cohesión social y el rechazo a la adaptación al cambio climático en las ciudades para construir entornos solo asequibles para unos pocos. La sociedad de clases se transforma en una sociedad de ricos y siervos: es el “tecnofeudalismo”, como lo denominó el economista Yanis Varoufakis en 2024, donde unos pocos viven de la extracción de rentas de la inmensa mayoría.
Las amenazas globales se perciben antes en las ciudades
El cambio climático, la contaminación atmosférica, las pandemias, la destrucción de ecosistemas, la crisis de la vivienda, la digitalización, la inteligencia artificial, la gentrificación, la inmigración y la ilimitada ocupación del espacio público por el asfalto y el cemento, son riesgos globales que alteran la planificación urbana y la vida cotidiana; por eso es en las ciudades donde los problemas globales se perciben y comprenden antes y mejor.
Las amenazas globales implican cambios sociales y económicos que determinan nuevas formas de desigualdad y de despilfarro de recursos bajo el control de los nuevos monopolios tecnológicos y financieros, arrebatando derechos a los segmentos vulnerables de la población que acaban siendo expulsados de las ciudades por una economía especulativa dirigida a las rentas más altas, nuevos privilegiados de la inversión privada y de la renovación urbana.
La abismal incomprensión del cambio climático
La percepción del cambio climático ha cambiado. De ser una amenaza lejana en la distancia y el tiempo ha pasado a estar en la puerta de casa en toda la geografía y en todas las estaciones del año. Pese a ello, sigue negándose por muchas administraciones y en muchos debates como origen de los fenómenos naturales, inundaciones, sequías, incendios, olas de calor, tormentas, aumento del nivel del mar, destrucción del litoral o la desertización, causantes de crisis económicas y sanitarias, desplazamientos, pérdida de hogares y de renta disponible.
Tampoco se tienen en cuenta los impactos climáticos a la hora de imponer barreras a la adaptación al clima con recortes o eliminación de servicios de prevención, protección y lucha contra los fenómenos climáticos extremos. Lo mismo cabe decir de la ordenación del territorio, las normas edificatorias, la planificación energética y económica o las inversiones en infraestructuras sin compromisos medioambientales ni criterios de eficiencia energética y reducción de emisiones. La sostenibilidad no es una prioridad.
La figura normativa europea del “interés general” o del “interés público superior” permite todo tipo de barbaridades para autorizar cualquier proyecto en cualquier sitio eximiendo la evaluación ambiental y expropiando por decreto.
Parafraseando al sociólogo Ulrich Beck, es el abstracto espacio en el que las políticas nacionales y regionales arrinconan los problemas globales; en este caso, arrojándolos a la población y los ayuntamientos, que a menudo actúan como sonámbulos ante el brillo del dinero.
La dinámica especuladora de los fondos de inversión y los monopolios contaminadores se esconde detrás del ecopostureo y las regulaciones laxas. Venecia se cierra para la boda del dueño de Amazon. Madrid se cierra para la Fórmula 1. Aragón, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha hipotecan su agua y su energía para los centros de datos de las grandes tecnológicas. Los fondos extranjeros invierten en las inmobiliarias españolas 16.000 millones de euros, el 55% de su valor en bolsa. En España se construirán 775 hoteles hasta 2028. La turistificación sin regulación invade ciudades y pueblos. Todo se justifica por el dinero, sin considerar la insostenibilidad del derroche de recursos que se van a extraer de todo el país.
La incapacidad política de abordar los riesgos globales contrasta con la capacidad del cambio climático de alterar la sociedad radicalmente. Esta contradicción aumenta la pérdida de cohesión y dificulta la colaboración para adoptar las mejores alternativas de adaptación al cambio climático.
La colaboración es la única metodología para la adaptación al cambio climático
Todas las actividades son interdependientes con respecto a los objetivos de energía y clima y lo mismo ocurre con las administraciones públicas. Este hecho convierte la colaboración en el principio básico para alcanzar los objetivos climáticos de 2030 y 2050.
Son las ciudades los espacios más importantes para la toma de decisiones, porque en las ciudades el cambio climático es más visible, como la desigualdad y la solidaridad. La colaboración es un fenómeno principalmente urbano por la proximidad entre las personas, los problemas y las soluciones. La colaboración es el método más eficaz para afrontar los riesgos que representa el cambio climático. La ciudad es el espacio determinante de las políticas climáticas.
La edificación y la vivienda constituyen los principales centros de consumo para la adaptación al clima porque integran las actividades con más demanda de energía y más emisiones, como la calefacción y el transporte. La pandemia en 2020 y las olas de calor han demostrado que la mayoría de los edificios y viviendas están mal construidos y que el diseño de las ciudades es insostenible. La crisis de altos precios de la electricidad de 2022 demostró que la pobreza energética está asociada a viviendas ineficientes. El incendio del barrio de Campanar en Valencia, que afectó a 138 viviendas en febrero de 2024, y la dana del mes de octubre del mismo año, que causó 228 muertos, no son sucesos excepcionales, sino la consecuencia de construcciones negligentes con materiales inflamables o en zonas inundables.
La crisis de la vivienda en España ha sido descrita por el economista Ignacio Ezquiaga en su artículo “Un mercado para ricos en un país de descampados”, publicado el 27 de agosto de 2025. En él se analiza la responsabilidad de los fondos inmobiliarios extranjeros y de los ayuntamientos. Con respecto a éstos últimos afirma estar “ajenos a las necesidades de nuevos hogares, en vez de desarrollar viviendas protegidas y asequibles para amplias capas de la sociedad”. “Son siempre los mismos segmentos de riqueza los que pueden permitirse comprar una vivienda”.
Si se tienen en cuenta las bajas tasas de rehabilitación, de recarga de vehículos eléctricos en viviendas (V2G y V2H), calefacción renovable, autoconsumo, agregación, comunidades energéticas y que cerca del 90% del parque inmobiliario es ineficiente, hay motivos para la preocupación. Se trata de un riesgo climático de primer orden que afecta directamente a la capacidad de las ciudades y sus habitantes de afrontar los impactos de los fenómenos naturales extremos.
La Constitución de 1978 otorgó las competencias exclusivas en urbanismo y vivienda a las comunidades autónomas y estableció el principio de autonomía municipal de los ayuntamientos. Desde entonces, las autonomías han estado más pendientes de vigilar la intromisión del Estado en sus competencias que de ejercerlas. Los ayuntamientos han utilizado las licencias de obras y planes de ordenación como colchón de ingresos y no como la llave para reconducir la edificación y regenerar el urbanismo hacia la adaptación a clima. El Estado, mientras tanto, ha mantenido un pertinaz retraso en la adecuación del Código Técnico de la Edificación a las exigencias de las directivas europeas de eficiencia energética, como se analiza en mi artículo “¿Qué hemos hecho para merecer estos edificios?”, de 6 de abril de 2024.
Nada se aprendió de la pandemia, ni de los incendios de edificios, ni de las inundaciones ni las olas de calor; por el contrario, se ha agravado la crisis de acceso a una vivienda asequible porque lo único que ha seguido funcionando es el mercado especulativo.
Nada controla los precios, ni los requisitos ambientales o climáticos. La conclusión es que se desvanece la adaptación al clima de los edificios, las viviendas y del transporte y, lo que es peor, se ha roto el ascensor social al expulsar del mercado de la vivienda a la mayoría de la población, especialmente a los jóvenes. Y los expertos anuncian la continuidad de esta pérdida del derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución de 1978.
Hay que volver la mirada a las ciudades y a la ciudadanía
La falta de colaboración entre las administraciones por el reparto de competencias y su funcionamiento como compartimentos estancos, anula la acción para combatir el cambio climático. La decepcionante aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones por los ayuntamientos o la certificación energética de los edificios por las autonomías son solo algunos ejemplos. Al final, la protección de los consumidores, los hogares y las industrias es lo que menos importa.
Hay conceptos clave para la adaptación al cambio climático que ninguna norma impide ni limita: la proximidad, la eficiencia energética y el aire limpio. Una economía de proximidad y circular, la alta eficiencia en el uso de los recursos y la eliminación de la contaminación atmosférica hace que el potencial de las ciudades contra el cambio climático sea mayor que el de cualquier otro centro de consumo.
Las ciudades hacen visibles los riesgos climáticos que las actividades que los causan tratan de invisibilizar y por eso son pioneras en encontrar respuestas a los riesgos globales.
Las ordenanzas municipales y la planificación del territorio pueden convertirse en medios efectivos para desarrollar instrumentos de eficiencia energética, como los edificios de cero emisiones, la rehabilitación energética, la movilidad eléctrica y el transporte público, la calefacción renovable, el autoconsumo con baterías, las comunidades energéticas, la agregación o la incorporación de los usos de la energía a la ordenación del territorio para eliminar la contaminación y el uso de los combustibles fósiles y para integrar las ciudades en el sistema eléctrico. En definitiva, transformar las ciudades en entornos habitables, seguros y limpios a través de la gestión inteligente de la demanda.
Hay que prestar más atención a las ciudades porque son la última esperanza climática y porque es el espacio donde se decide el éxito de la lucha contra el cambio climático.
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