Las claves de la noticia:
- Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado en ser juzgado, enfrentándose a cargos por filtración de un email relacionado con un caso de fraude fiscal.
- La investigación comenzó tras un artículo de ‘El Mundo’ que reveló negociaciones entre la Fiscalía y el novio de Díaz Ayuso.
- García Ortiz alegó que actuó en defensa de la imagen de la Fiscalía y reivindica su inocencia, apuntando a filtraciones desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid.
- El juicio, que durará seis días, contará con una gran expectación mediática, pero no habrá transmisión en directo.
- La sentencia se espera para finales de año, mientras las peticiones de dimisión hacia García Ortiz aumentan.
Álvaro García Ortiz se sentará desde este lunes en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado. Lo hará el Tribunal Supremo (TS) por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo –donde continúa– que consistirían en la filtración de un ‘email’ que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en el caso por fraude fiscal. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
El detonante fue la publicación que hizo ‘El Mundo’ a las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024: ‘La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso’. Esta pieza, según describió el magistrado instructor, Ángel Hurtado, desató un «frenético intercambio» de mensajes y llamadas en el seno de la Fiscalía pero también una intensa actividad en los medios de comunicación para verificarla.
García Ortiz se puso en contacto con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que intentara recabar de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador por delitos fiscales, la cadena de correos electrónicos que se hubiera intercambiado con Carlos Neira, el abogado del empresario en esa misma causa.
Hicieron falta varios intentos porque Salto estaba en el estadio Metropolitano, viendo el Atlético-Inter de Milán que se disputaba aquella noche. Finalmente, a las 21:59 horas, el fiscal general los recibió en su cuenta personal de Gmail, pero la cadena no estaba completa.
A las 22:10, en ‘La Sexta’, se publicó la primera información que reflejaba que fue la defensa de González Amador quien buscó el pacto con Fiscalía, sin ofrecer más detalles ni citar ‘email’ alguno.
Poco después, a las 22:27, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, envió a un chat de periodistas el contenido de otro correo clave para la causa: el que Salto envió el 12 de marzo de 2024 al abogado del empresario para decirle que, aunque el caso por delitos fiscales ya estaba judicializado y, por tanto, ya no dependía de Fiscalía, eso no sería «obstáculo» para llegar a un acuerdo.
Sobre las 23:00, García Ortiz se dio cuenta de que no tenía la cadena completa porque le faltaba ese ‘email’ del 12 de marzo. Y, tras nuevas gestiones, recibió ese correo a las 23:46.
Entretanto, la ‘Cadena SER’ informó del ‘email’ del 2 de febrero, el que contenía el ofrecimiento de confesión. Lo hizo primero a las 23:23 en antena, haciendo referencia al correo y su contenido. Ya a las 23:51, publicó en web la información avanzada, con extractos de ese mensaje electrónico.
Al día siguiente, también después de una sucesión de llamadas y mensajes, Fiscalía acabó publicando a las 10:22 horas un comunicado donde se daba detallada cuenta del intercambio de correos entre el fiscal y el abogado de González Amador.
Fue esa nota de prensa la que propició que el novio de Díaz Ayuso presentara el 21 de marzo de 2024 una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos pero dirigida contra Pilar Rodríguez y Salto.
Paradójicamente, cuando el 16 de octubre de ese año el TS, a instancias del TSJM, encausó a García Ortiz por revelación de secretos, no lo hizo por ese comunicado, al considerar que no contenía «información indebidamente revelada» porque la misma ya había sido difundida por la prensa, situando ya el foco en la presunta filtración de los ‘emails’.
Dos semanas después, el 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían de forma simultánea en los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, para llevarse sus dispositivos electrónicos, en un registro inédito que duraría más de diez horas y del que saldrían las principales evidencias.
De los elementos incautados, la Benemérita concluyó que el mismo día que el TS abrió causa a García Ortiz éste borró hasta dos veces sus chats de WhatsApp y que, una semana después, cambió de móvil. En su declaración como imputado, el fiscal general achacó ambos comportamientos al protocolo de seguridad exigido para quien guarda –como él– datos «ultrasensibles».
AL FINAL, SIN «INDICACIONES DE PRESIDENCIA»
Durante los ocho meses que duró la investigación, hubo tres imputados –Rodríguez, García Ortiz y su hombre de confianza, Diego Villafañe– y los hechos investigados fluctuaron desde el comunicado a la supuesta filtración del ‘email’ del 2 de febrero o de la existencia de una investigación fiscal contra González Amador.
Hurtado solo empujó a juicio a García Ortiz y Rodríguez bajo el convencimiento de que él, con la necesaria ayuda de ella, filtró a la Cadena SER el ‘email’ del 2 de febrero para ganar el «relato» a ‘El Mundo’.
Señaló como indicios la cronología de los hechos –por las horas en que García Ortiz recibió la información relevante y cuándo se comenzó a publicar en prensa– y el «borrado» que hizo el jefe del Ministerio Público tanto de sus ‘whatsapp’ como de su Gmail.
Además, sostuvo que García Ortiz actuó esa noche por «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Hurtado también llegó a esta conclusión por la cronología, de la que infirió que, «paralelamente» a esos intensos contactos entre el denominado «equipo de Fortuny», «desde Fiscalía General del Estado» y «antes» de que se difundiera en prensa, se envió copia del ‘email’ a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.
Sin embargo, la Sala de Apelación corrigió al magistrado porque tal afirmación «no ha sido acreditada con suficiencia», dejando fuera de la causa esas supuestas instrucciones del Gobierno. También exoneró a la fiscal al fijar que actuó movida por la obligación de informar a su superior sobre un asunto importante. En todo lo demás, avaló las tesis del instructor.
GARCÍA ORTIZ APUNTA AL «APARATO» DE LA CAM
En las antípodas, García Ortiz –defendido por la Abogacía del Estado– reivindica su inocencia. «Rotundamente no», dijo en su declaración como investigado cuando le preguntaron si había filtrado información a la prensa.
Por contra, argumenta que el «núcleo esencial» de la información relevante sobre González Amador había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», recalcando que el empresario dio al jefe de gabinete de Díaz Ayuso luz verde para informar a la prensa del ‘email’ de 12 de marzo.
Y subraya que más de 600 personas tuvieron acceso al otro correo, el de 2 de febrero, porque Neira lo mandó a una cuenta genérica de la Fiscalía, aparte de a un abogado del Estado. Y ello sin tener en cuenta al personal de Hacienda y los juzgados madrileños.
García Ortiz ha reivindicado que en todo momento actuó «en el legítimo ejercicio de sus competencias», «para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación», por un «bulo».
Esas mismas razones le han llevado a mantenerse en el cargo hasta el punto de que este lunes se sentará en el banquillo como fiscal general, algo nunca visto que ha propiciado no pocas peticiones de dimisión dentro y fuera de Fiscalía.
Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora –Andrés Martínez Arrieta como presidente y Susana Polo como ponente, junto a Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Ana Ferrer– le juzgará durante seis días con máxima expectación mediática (hay más de 200 periodistas acreditados) pero, a diferencia del juicio del ‘procés’, sin retransmisión en directo. La sentencia se espera hacia final de año.
¿Cómo se va a desarrollar el juicio?
El juicio comenzará a las 10:00 horas y se extenderá, previsiblemente, durante seis sesiones de mañana y tarde hasta el 13 de noviembre. Además de García Ortiz, comparecerá como querellante Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y a la lista se sumarán unos 40 testigos, entre fiscales, responsables de prensa del Ministerio Público, políticos, abogados, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas.
García Ortiz llega al juicio acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos por, presuntamente, facilitar a la ‘Cadena SER’ el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar su ingreso en prisión.
EN COCHE OFICIAL DESDE LA FISCALÍA GENERAL
El jefe del Ministerio Público acudirá al Supremo con escoltas y en coche oficial desde la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny de Madrid, tal y como hizo el día que declaró como investigado ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado. Al igual que en aquella ocasión, entrará por la puerta principal, reservada a las autoridades.
Por su parte, sus letrados –los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro– llegarán por su cuenta y entrarán por el acceso de la calle de Marqués de la Ensenada para luego encontrarse con García Ortiz en el interior del alto tribunal.
Durante el juicio, su defensa tiene previsto solicitar que el fiscal general siga las sesiones desde los estrados, sentado con toga al lado de sus abogados, incluso el día que le toque declarar, según han indicado las fuentes consultadas.
El tribunal tendrá que decidir si accede a la petición o si obliga a García Ortiz a sentarse en el banquillo de los acusados. Ya en su declaración como investigado en la Sala de Aforados el pasado enero, el magistrado instructor permitió que el jefe del Ministerio Público declarase desde los estrados, junto a su abogado.
LA SALA DE PAREDES ROJAS: DE BATASUNA A PUIGDEMONT
Esta vez, su declaración tendrá lugar una planta más arriba, en la Sala de lo Penal. Así lo adelantó la propia presidenta del Supremo, Isabel Perelló, a los alumnos de primaria que inauguraron la jornada de puertas abiertas del tribunal el pasado octubre.
«¿Qué os parece? Deciros que esta es la Sala Segunda, donde se hacen juicios de verdad…», explicó Perelló a los alumnos justo antes de que celebraran un juicio teatralizado. «¿Juicios de verdad?», preguntó uno de los alumnos, a lo que la presidenta contestó: «Sí, sí, se va a hacer uno próximo que es muy famoso, que es el del fiscal general del Estado».
La Sala de lo Penal está presidida por los estrados tallados de madera de caoba pura de Cuba ante los que se sentarán los siete magistrados que juzgarán a García Ortiz. Y, sobre sus cabezas, una inscripción: ‘JUSTITIA’. En los laterales, destaca el rojo de la seda de Damasco con la que están forradas las paredes, varios candelabros y cinco ventanales. En el otro extremo de la estancia, justo frente al tribunal, el cuadro ‘Cristo crucificado’, del artista barroco Alonso Cano. Y todo bajo los techos, también de madera tallada, que se colocaron en la reconstrucción del Supremo tras el incendio de 1915.
A la derecha de los magistrados se extienden los asientos que ocuparán las acusaciones. El más cercano al tribunal será el abogado del novio de Díaz Ayuso –que ejerce la acusación particular–, junto al que se sentarán, por este orden, las acusaciones populares que ejercen el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Foro Libertad y Alternativa –unificada con Vox y Hazte Oír–, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A la izquierda de sus señorías, por su parte, estarán la Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en defensa de García Ortiz. Tres escalones por debajo, se sentará el público en grandes bancos de madera oscura.
Se trata de la misma sala que albergó en 1997 el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batusuna, en el que finalmente se condenó a 23 personas por un delito de colaboración con la banda terrorista ETA. En ella, también se juzgó al entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que acabó condenado por un delito continuado de prevaricación judicial y expulsado de la carrera por 15 años.
Esta sala también acogió el juicio por el que en 2017 se condenó al dirigente del PDeCat Fracesc Homs por un delito de desobediencia por la consulta del 9N, lo que conllevó que perdiera el escaño que tenía en el Congreso. En 2021, se juzgó a Alberto Rodríguez (Podemos), que perdió el acta de diputado tras ser condenado por darle una patada a un policía. Y, en 2022, se juzgó a la exdiputada de la CUP en el Parlament Eulalia Reguant por no contestar a Vox en el juicio del ‘procés’.
A principios de este año, consta el juicio contra el senador del PP José Manuel Baltar por conducir a más de 200 kilómetros por hora en la autovía A-52 en abril de 2023. En marzo, por su parte, tuvo lugar la vista pública por los recursos de apelación presentados por la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía al delito de malversación que se les atribuye por el 1-O.
HACER COLA PARA VER EL JUICIO
En esta ocasión, está previsto que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación den cobertura al juicio del fiscal general. Fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press, precisan que están acreditados dos medios internacionales –AFP y Reuters– y 57 medios nacionales, entre ellos, 19 digitales, 16 cadenas de televisión, 10 emisoras de radios, ocho periódicos y cuatro agencias de noticias.
A la sala solo podrán entrar 20 redactores y las primeras 50 personas que se acerquen a hacer cola para presenciar el juicio como público; el resto de los periodistas tendrán que seguir las sesiones desde los espacios habilitados en la biblioteca y en el salón de actos del tribunal a través de una señal interna.
A diferencia del juicio del ‘procés’, en el que durante 52 sesiones repartidas en cuatro meses se emitió por ‘streaming’, esta vez no habrá señal en directo en la web del Poder Judicial. Los medios tampoco podrán emitir la vista en tiempo real ni en diferido, por orden expresa de la Sala de lo Penal.