La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado este jueves sobre el caso de una familia de Sigüenza que ha sido obligada, por decisión judicial, a entregar a una menor de 4 años, huérfana de madre, a su padre, denunciado por maltrato. La ministra considera que existe «una desconexión profunda y grave entre jurisdicciones.
«No es posible que la jurisdicción civil y los juzgados de familia aceleren esos procesos mientras están pendientes denuncias penales por maltrato o violencia de género. Tienen que coordinarse porque esa coordinación es la que defiende el interés superior del menor», ha exigido la ministra, preguntada por esta cuestión en una entrevista en RNE.
En su opinión, la ley integral contra la violencia de género es «clara» en cuanto a la necesidad de que «se espere una sentencia penal firme antes de dilucidar la patria potestad y la custodia».
«En ese caso, el interés superior del menor está en no convivir con el maltratador, en no convivir con la persona que ha agredido a la madre o incluso al menor», ha añadido.
A su vez, Sara Simón ha terciado en el asunto con un mensaje en la red social X: