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Domingo, 22 de octubre de 2017

La R-2 será de todos los españoles el 15 de enero de 2018... pero te seguirán cobrando por usarla

El Estado espera ganar 34 millones de euros el próximo año con las autopistas que han quebrado
R-2, que une Guadalajara con la M-50 madrileña. (Foto: La Cró[email protected])
Las autopistas quebradas revertirán al Estado el 15 de enero de 2018 salvo la de Madrid-Toledo que lo hará el 1 de abril. El convenio señala que se aplicarán las mismas tarifas previstas en los contratos de concesión de los que proceden las autopistas.
Actualizado 25 agosto 2017 17:33  
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Las nueve autopistas de peaje en quiebra revertirán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, el 15 de enero de 2018, a excepción de la autopista Madrid-Toledo, que lo hará el 1 de abril del mismo año, según se prevé en el convenio firmado entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de Seittsa, Manuel Niño, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Seittsa asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que saldrán a concurso para volver a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018. Según el documento, la relicitación de las autopistas por parte de Fomento se hará en ocho concesiones distintas y "no excederá el 31 de diciembre de 2018".

Con la firma del convenio el pasado 16 de agosto, la empresa pública puede comenzar a elaborar los estudios de viabilidad y demanda pertinentes, así como los pliegos para relicitar los nuevos contratos de gestión de las autopistas. Se prevé que las autopistas generen un beneficio neto de 34,4 millones de euros el próximo año.

Por su parte, el Ministerio de Fomento deberá tramitar y aprobar el estudio de viabilidad y los anteproyectos de construcción y explotación, aprobar los pliegos, publicar, adjudicar y formalizar los contratos y aprobar los proyectos que el concesionario presente.

Según explicaron fuentes oficiales de Fomento, el objetivo de completar todo el proceso en el mismo año responde a que, desde que empiecen a revertir las concesiones, el Gobierno deberá computar el gasto automáticamente en el déficit público. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que el déficit de 2018 contabilice únicamente los gastos y no los posteriores ingresos. Además, esto supondría una garantía de cobro para las concesionarias si se produjese una reversión anticipada de los activos a la Administración.

El valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) será el que compute en el déficit y se fijará conforme a la ley. Posteriormente, el concesionario podrá no estar de acuerdo y presentar un recurso para que finalmente sea un juez el que fije la cantidad, pero la RPA oficial inicial dependerá del momento en el que se produzca la reversión.

El Estado deberá sumar a la RPA otros 550 millones de euros en concepto de préstamos participativos, que se otorgaron para construir estas vías y que serán incobrables tras su liquidación.

Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo. Se trata de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto, la autopista Madrid-Toledo, la autopista Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera.

ESPERAN UN BENEFICIO DE 34,4 MILLONES EN 2018
El documento también incluye los resultados económicos previstos para las nueve autopistas en 2018. Así, estima que ingresen un total de 103,7 millones de euros, de los que 93,5 corresponden a peajes y 10,2 a ingresos de explotación de áreas de servicio.

Por su parte, el total de gastos estimados para el próximo ejercicio es de 54,6 millones de euros y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) es de 49 millones de euros. Al final, el beneficio neto previsto es de 34,4 millones de euros. Estas ganancias serán ingresadas por Seittsa, que ingresará en el Tesoro el total del saldo positivo resultante una vez aprobadas las cuentas anuales de 2018.

El convenio también señala que se aplicarán las mismas tarifas previstas en los contratos de concesión de los que proceden las autopistas.
 


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