El Grupo Municipal Socialista ha alertado este martes de que el equipo de Gobierno de Ana Guarinos estaría poniendo en peligro la llegada de 4 millones de euros de fondos europeos. Esto se debe a la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, «con la nueva moratoria en su entrada en vigor, para abril de 2026».
Así lo ha denunciado la concejala Pilar Sánchez, que ha recordado que se trata de una exigencia de la Unión Europea. Además, el Defensor del Pueblo ya advierte, en su Informe Anual de 2023, de esta obligación legal.
De no realizarse, entiende el PSOE, se tendrían que devolver todos los fondos recibidos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto afectaría a proyectos como las plazas de Prim y San Esteban o el parking disuasorio junto al Brianda de Mendoza. «Cuyos fondos ya están comprometidos y gastados». En caso de tener que devolverlos, serán los vecinos y vecinas de Guadalajara quienes lo hagan desde su bolsillo. Esto se deberá a la inoperancia y el caos de Guarinos.
Piden más concreción
Sánchez denuncia que, tras el primer retraso en la aplicación de la ZBE, que la fijaba en octubre de este mismo año, el equipo de Gobierno «confunde a los vecinos y vecinas. Ellos nunca han recibido una información real, clara y concisa de lo que quiere hacer con la ZBE». Esto se evidencia en una página web que no funciona y la imposibilidad de registrar matrículas de residentes y comerciantes.
Por ello, desde el PSOE instan al equipo de Gobierno a que «de una vez por todas, diga qué va a hacer con esta obligación de la Unión Europea para municipios mayores de 50.000 habitantes. Si la va a aplicar o, si por el contrario, se está plegando a los intereses de sus socios de gobierno de Vox. Estos son negacionistas del cambio climático y, por tanto, contrarios a su implantación, que es lo que nos tememos».