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La Crónica de Guadalajara
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Jueves, 19 de octubre de 2017

Las lecciones de Chiloeches

El incendio de Albolleque, desde El Clavín.
Actualizado 2 diciembre 2016 15:41  
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El fatídico incendio en la planta de reciclaje de Chiloeches el pasado verano ha puesto de manifiesto una evidencia que nadie, entre nuestra clase política, quiere reconocer pero que a todas luces es el germen de muchos de los problemas de corrupción de vive este país entre la incredulidad y el conformismo. El papel de altos cargos de la  Administración nombrados a dedo ha sido determinante para, por acción u omisión, generar las circunstancias adecuadas para que se haya producido el grave problema de la planta de Albolleque.

Lo peor de todo es que algo muy similar había ocurrido poco antes en el almacén de neumáticos de Seseña, en Toledo, con situaciones políticas y administrativas similares, pero nadie quiso sacar lección alguna de aquel incendio del que no se ha vuelto a saber más. Pero si alguien en la Administración regional hubiese estado atento a las circunstancias en las que se produjo, se hubiera evitado fácilmente el posterior incendio de Chiloeches.

En uno y otro caso, todo el mundo conocía o debía conocer en los servicios competentes de la Junta de Comunidades la situación de Seseña, llevaban años con un almacén ilegal a cuestas sin darle solución; y en Chiloeches, más de lo mismo: sabían perfectamente políticos, altos cargos y técnicos de la Junta lo que pasaba durante años sin hacer nada efectivo para evitarlo.

Y esto es exactamente lo que pone de manifiesto en un auto demoledor para la Administración regional y para el Ayuntamiento de Chiloeches el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en el que se cita como investigados, además de a los responsables de las empresas  implicadas y al exalcalde, a nada menos que siete altos cargos de la Junta de Comunidades de distintas etapas, incluido un viceconsejero, por presunta prevaricación medioambiental.

Sin la mala praxis profesional de estos altos cargos, es decir, de funcionarios públicos aunque sean eventuales obligados a ser especialmente escrupulosos en el cumplimiento de la Ley, nunca se habría producido el incendio de Chiloeches. Y hay un hilo conductor entre todos ellos que es donde quiero ir: todos estos cargos tienen el común denominador de ser nombrados a dedo por el poder político (es decir por quien en última instancia debería haber obligado con los medios legales y coercitivos que tiene a su alcalde para el cierre de las dos plantas), y personalmente tengo el convencimiento de que de no haber sido así, es decir, colocados a dedo por los políticos, la cuando menos evidente dejación de funciones en sus cometidos, por acción o por omisión y sin llegar a pensar en otros cosas peores, no hubiera derivado en esta catástrofe medioambiental.

Es cada día más evidente que para que se den mordidas en los contratos de las administraciones públicas, es decir, para que haya simple y llanamente corrupción, es necesaria la participación de altos cargos públicos con capacidad resolutiva, y el gran auge de estos casos se ha producido curiosamente en España coincidiendo con un aumento de nombramientos de estos cargos a dedo por los políticos, en detrimento de funcionarios de carrera que han sido claramente relegados en sus competencias y funciones, en el Estado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos.

Nombramientos que se hacen no en función de sus conocimientos necesariamente ni de sus capacidades profesionales, sino en clave de partido, de empresa amiga, de familia, de amistad, y así siempre estarán condicionados en sus decisiones a lo que el político de turno que les nombró les pida. Es la muestra de cómo está hoy nuestra Administración, aunque ejemplos como el de Chiloeches no tengo esperanza alguna de que sirvan de algo.
 
PD: Si a este gravísimo problema de la Administración española, le sumamos que los órganos de Gobierno del Poder Judicial son también nombrados por los partidos políticos según afinidades; que funcionarios de carrera pueden compatibilizar su trabajo en las administraciones con otro por las tardes y fines de semana en aquellas empresas privadas a las que tienen que fiscalizar por la mañana; y que los diputados nacionales que tienen incompatibilidad absoluta según la Constitución se afanan, el primer día que llegan al Congreso, para que una Comisión de Compatibilidades creada e integrada por ellos mismos les permita trabajos privados, el cóctel explosivo de la corrupción está servido.


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