Las claves de esta noticia:
- Emiliano García-Page critica el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por María Jesús Montero, considerándolo un atropello.
- Asegura que el modelo no ha sido negociado con nadie y defiende que el reparto de la riqueza debe ser equitativo; rechaza pactos con independentistas.
- García-Page califica el nuevo modelo como el mayor ataque a la igualdad en la democracia, y argumenta que perjudica a Castilla-La Mancha.
- El Gobierno regional sostiene que seguirá infrafinanciado bajo este modelo que premia a las comunidades con mayor capacidad tributaria.
- Castilla-La Mancha clama por un modelo que tenga en cuenta las necesidades y no solo la capacidad económica de cada comunidad.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subido el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. «Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, –de esa España que ellos quieren romper–, antes que eso, prefiero que hablen los españoles», ha sentenciado.
Desde el municipio ciudadrealeño de Alcoba de los Montes, García-Page apuntaba este viernes que para él era «un día doloroso», adelantando que no va a participar «bajo ningún concepto» del «intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España sólo por interés personal».
Así, ha criticado que este nuevo modelo de financiación no se haya negociado «con nadie» y ha lamentado que hoy haya tenido que escuchar por primera vez «argumentos ininteligibles y caóticos» para intentar explicar «lo inexplicable», al menos –ha abundado el presidente socialista– desde posiciones progresistas.
«Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto». «No lo vamos a aceptar», y «no sólo como región afectada, sino porque es echar a la basura decenas de millones de años de pelea por la progresividad fiscal», es decir, que «pague más el que más tiene, pero no para que se lleve más el que más tiene».
A su juicio, «pasar de un modelo de progresividad fiscal a uno de regresividad fiscal es inconcebible», por lo que le «duele» –ha dicho– tener que ver «a gente» que «dice llevar la misma camiseta que los que estamos aquí», –«no sé si limpia o muy sucia», defender «lo indefendible», cosas que, según ha advertido Emiliano García-Page, «sólo defendería la derecha más reaccionaria».
Tras añadir que este nuevo modelo es «el mayor ataque a la igualdad de lo que se ha producido en toda democracia», García-Page ha avisado de que «nos estamos jugando ni más ni menos que lo más importante que se puede jugar en la vida, que es cómo compartimos los españoles la riqueza que es de todos».
«No me vale que ahora, para hablar de la financiación de las autonomías, el pastel sea más grande. Claro, el pastel es más grande. Llevamos 11 años esperando. Ha dado tiempo para que se hornee un pastel más grande. Sí, el pastel sobre la mesa es más grande para repartir, pero los trozos son mucho más injustos. Solo se ha pensado en el trozo de un territorio. E incluso se permite en el lujo de crear fondos de limosnas para algunas comunidades autónomas», ha aseverado.
A su entender, todo esto «resulta una ofensa a todos los valores progresistas que se han defendido en este país durante mucho tiempo».
Así, ha proseguido diciendo que «pasar de un modelo de redistribución justa de la riqueza que es de todos, a un modelo de ordinalidad, es probablemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles, que yo solo hubiera esperado de la derecha más reaccionaria».
«Que hablen los españoles», plantea Page
Es más, ha espetado García-Page, «yo prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esa España que ellos quieren romper, antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro».
«Sobre esto deben opinar todos los españoles. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos», ha incidido García-Page, quien ha declarado que su gobierno no va a tolerar «más trampas y más engaños». «No se puede considerar a este país como una inmensa guardería en la que se le puede imponer un relato, un argumentario y venga a cacarear lo que son trampas unas tras otras».
«Ya está bien de barrer siempre para los mismos», ha reclamado García-Page, quien ha reflexionado que este nuevo modelo de financiación «no tiene viabilidad» y por ello «vamos a hacer todo lo posible para que no arruine por completo lo que queden de principios progresistas en este país».
Morant, la voz del Gobierno contra Page
La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado este sábado que «haya presidentes autonómicos que defiendan que el ‘status quo’ actual sea justo» al ser preguntada sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien este viernes subió el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica que presentó la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
«Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, –de esa España que ellos quieren romper–, antes que eso, prefiero que hablen los españoles», sentenció Page.
En estos términos se ha manifestado Morant, ante preguntas de los medios de comunicación, en la localidad valenciana de Paiporta, donde ha insistido en que el actual modelo de financiación «no es justo» y ha celebrado el nuevo, presentado la víspera.
Para la líder de los socialistas valencianos, en la Comunitat Valenciana la financiación «no es justa», al tiempo que ha hecho hincapié en la Plataforma pel Finanament, «donde se han movilizado miles y miles de personas para luchar contra una financiación justa».
«Yo lamento que haya presidentes autonómicos que estén defendiendo que el ‘status quo’ actual es justo, pero en la Comunitat Valenciana, desde luego, no lo es», ha comentado Morant. En este punto, ha remarcado que los presidentes autonómicos «pueden hacer lo que quieran en sus territorios», pero «que no torpedeen» en la Comunitat, ha pedido.
Y ha añadido: «Si ahora se trata de mirarse cada uno al ombligo, yo también me lo miro y a la Comunitat Valenciana le hacen falta estos 3.600 millones de euros y no entendería que ninguna otra comunidad autónoma torpedee esta mejora en la Comunitat valenciana».
La postura de Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central hará que la región siga estando infrafinanciada y «por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas», según han explicado fuentes de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital a Europa Press para LA CRÓNICA.
Es por ello que desde el departamento dirigido por Juan Alfonso Ruiz Molina aseguran que Castilla-La Mancha seguirá «estando castigada como lo está ahora con el actual modelo».
El Ejecutivo autonómico apunta que no se trata de que todas las regiones ganen «porque la tarta sea más grande» sino que, según Castilla-La Mancha, lo que está en cuestión es «si el trozo de la tarta que se lleva cada uno es justo».
Desde la región castellanomanchega manifiestan que el volumen de recursos es «positivo», pero no así la forma de distribuirlos porque «el modelo impide, en cualquier caso», que todas las regiones puedan «acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos».
Así, apuntan que la metodología de este nuevo modelo es «claramente regresiva» ya que, según la posición de Castilla-La Mancha, «aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tienen derecho a disponer de mayor volumen de recursos y, en consecuencia, poder prestar los servicios públicos en mejores condiciones que los demás».
Por contra, para Castilla-La Mancha el modelo «debe regirse en aportar a la bolsa común en función de la capacidad y recibir en función de las necesidades», algo que, afirman, «se mide a través de un buen diseño de la población ajustada que tenga en cuenta el coste real que supone a cada comunidad autónoma prestar los servicios en condiciones de igualdad y no atendiendo a la capacidad económica del territorio».
Sobre esto, desde la Comunidad Autónoma aseguran desconocer la financiación por habitante ajustado de cada región.
Por todo ello, la conclusión que se extrae desde Castilla-La Mancha es que la propuesta presentada «es más un modelo de reparto de la riqueza nacional que un verdadero modelo de finaciación que atienda a sufragar el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios públicos fundamentales».