El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) se ha adherido a las asociaciones de jueces y fiscales en contra de la ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal.
En un comunicado, apunta que la Sala de Gobierno del TSJCM ha aprobado por unanimidad mostrar su apoyo al manifiesto y comunicado conjunto de las asociaciones leído en pasado 11 de junio «adhiriéndose en sus propios términos».
Jueces y fiscales de toda Castilla-La Mancha secundaron el pasado 11 de junio el paro nacional de diez minutos antes las distintas dependencias judiciales de la región para pedir la retirada de las reformas legales del Gobierno, alegando que disminuyen la «independencia de la carrera judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal».
Los abogados, preocupados
A su vez, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española contempla con «extrema preocupación» cómo se agrava el conflicto que enfrenta al Gobierno con la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales y que se materializará en tres días de huelga, y ha reclamado diálogo a las partes.
A juicio de la Abogacía, la protesta tendrá «un impacto muy perjudicial en el funcionamiento ordinario de una justicia, a la que no le faltan problemas que sortear». Por ello, ha pedido a todas las partes que sigan dialogando para llegar a un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que sea apoyado por una amplia mayoría de las fuerzas políticas y por una mayoría de consenso entre los propios profesionales de la judicatura y la fiscalía.
Para la Abogacía, ni el Gobierno debería acelerar los plazos en una situación política, ni las asociaciones judiciales y fiscales deberían dejar de valorar otras alternativas distintas a la huelga que están planteando y que, a su juicio, puede causar «tantos y tan irreparables perjuicios a la justicia y a la ciudadanía».
Al mismo tiempo, la Abogacía ha reclamado la participación de los representantes de los principales operadores jurídicos en el debate preparatorio del texto que la Comisión de Justicia quiere someter a votación. «La agilidad no está reñida con la cantidad ni con la calidad de las aportaciones», ha señalado.
Por el contrario, ha considerado que «una reforma de este calado no debería completarse sin haber intentado, al menos, escuchar a todos los operadores involucrados, entre ellos a la propia abogacía».
Dentro del papel negociador que le reconoce el ordenamiento jurídico, ha reiterado el ofrecimiento a todas las partes afectadas en este conflicto «colaborar en la búsqueda de un acuerdo que respete el principio de mérito y capacidad como la mejor fórmula para conseguir una justicia de calidad».