El Consejo de Ministros ha designado a Magdalena Valerio consejera permanente del Consejo de Estado. Esto se produce un año después de que el Tribunal Supremo tumbase su nombramiento como presidenta del principal órgano consultivo del país, tantas veces desoído por el propio Gobierno.
Valerio vive en Guadalajara desde hace décadas, ciudad donde fue concejala y desde la que ha desarrollado una larga carrera política que le ha hecho consejera en de la Junta de Comunidades en varias ocasiones (Trabajo, Turismo y Administraciones Públicas y Justicia) así como delegada de la Junta en Guadalajara. Lo más relevante, con todo, llegaría con su nombramiento como ministra de Trabajo en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, cargo que ejerció entre 2018 y 2020.
Fue más tarde cuando ocupó el cargo de presidenta del Consejo de Estado entre 2022 y 2024. Sin embargo, el Alto Tribunal anuló esta decisión al considerar que no es jurista de reconocido prestigio, uno de los dos requisitos imprescindibles.
Ahora regresa al mismo órgano, actualmente presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, que fue su compañera de Valerio en el Consejo de Ministros, pero para ocupar plaza de consejera permanente.
Estará, por tanto, al mismo nivel que María Teresa Fernández de la Vega, que también fue vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los ‘padres de la Constitución’, entre otros.
Valerio formará parte de la Comisión Permanente, que se reúne semanalmente y se encarga de discutir y aprobar los dictámenes que previamente ha preparado uno de los integrantes sobre el asunto de turno consultado por el Gobierno u otra administración.
LA ABOGACÍA DEL ESTADO RECURRIÓ
En noviembre de 2023, el Supremo estimó el recurso de la fundación Hay Derecho y determinó que Valerio únicamente cumple uno de los dos requisitos legales para ser presidenta del Consejo, el de tener experiencia en asuntos de Estado.
La negativa del Supremo fue recurrida por la Abogacía del Estado, pero el Supremo se ratificó en su decisión, señalando que durante el proceso no se violó ninguno de los derechos fundamentales de Valerio.
Antes de ser ministra, fue concejala del Ayuntamiento de Guadalajara, segunda teniente de alcalde y consejera autonómica del Gobierno de Castilla La Mancha, en las carteras de Trabajo, Turismo y Administraciones Públicas y Justicia.