El Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea establecer restricciones frente a la gripe como han hecho otras comunidades autónomas y afirma que el sistema castellanomanchego está preparado ante posibles repuntes de esta enfermedad.
Así lo ha indicado, a preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien se ha referido a los datos de la campaña de vacunación en la región, que está «siendo excepcionalmente buena».
Se sitúa así ocho puntos por encima del pasado año, en una campaña que se está produciendo tanto en personas mayores como en población infantil. «Que esto ocurra nos garantiza que la incidencia de la gripe no será descontrolada en Castilla-La Mancha y estamos preparados para acoger los repuntes que seguramente se vayan a producir».
La ministra pide unidad de acción
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha emplazado a las comunidades autónomas a alcanzar antes del 1 de diciembre un acuerdo para un protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios que incluya la vuelta a las mascarillas en espacios cerrados cuando sea necesario, después de que el año pasado se frenara su aprobación por la negativa de algunos consejeros autonómicos.
«Desde el año pasado hemos trabajado con las comunidades autónomas un protocolo común. Ese protocolo común el año pasado lo vetó, lo boicoteó, el Partido Popular», ha sostenido García este miércoles en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, donde ha indicado que la semana pasada envió una carta a las consejerías instándolas a aprobar este plan.
«Este marco permitirá ofrecer respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio, reforzar la confianza ciudadana y reducir los riesgos, los ingresos hospitalarios y la mortalidad», recoge la carta enviada por Sanidad a las consejerías, a la que ha tenido acceso Europa Press para LA CRÓNICA.
Aragón, la pionera
La carta se envió antes de que el Gobierno de Aragón anunciara su decisión de implantar el uso obligatorio de mascarillas en centros sociosanitarios y espacios cerrados de la ciudad. «Aragón se ha adelantado pero el resto de comunidades del Partido Popular esperemos que en esta semana nos respondan, a ver si somos capaces de llegar a tener ese protocolo común que es absolutamente necesario», ha apuntado la titular de Sanidad.
Este asunto se abordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado 12 de noviembre, en el que las comunidades se comprometieron a entregar los datos de los programas de cribado de cáncer. A raíz de ello, Mónica García confió en que también se pudiera llegar a un acuerdo sobre el plan para afrontar la gripe.
En este sentido, la próxima reunión entre Sanidad y comunidades, que tendrá lugar este viernes de manera telemática, incluye en su orden del día un punto informativo sobre las Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas en la temporada 2025-2026, indicando que este asunto se someterá a revisión en la próxima Comisión de Salud Pública.
El año pasado, algunas consejerías rechazaron el plan, a pesar de que se había trabajado en la Comisión de Salud Pública, aludiendo en el caso de los ‘populares’ que no contaban con el documento, y el protocolo terminó publicándose como una «recomendación» en la web de Sanidad, un hecho que «limitó su alcance», según recoge la misiva.
El texto contemplaba una serie de escenarios de riesgo y recomendaba en función de los mismos, por ejemplo, el uso de mascarillas para aquellas personas con trabajos que les exponen a un contacto cara a cara extenso con el público y siempre que interaccionen con personas con síntomas compatibles o casos confirmados de infecciones respiratorias. También proponía medidas de prevención que evitasen la aglomeración de personas trabajadoras en espacios cerrados.
Este año, de momento, el protocolo también ha sido rechazado en la última Comisión de Salud Pública del 13 de noviembre. Con todo, el Ministerio de Sanidad considera «prioritario» retomar el diálogo con las comunidades autónomas para «consolidar el consenso técnico ya alcanzado».