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Jueves, 16 de agosto de 2018

Podemos quiere que la R-2 sea una carretera del Estado

Este martes se debate en el Congreso su propuesta de paralizar la reprivatización de las radiales
La R-2, desierta. (Foto: La Crónic@)
Actualizado 12 febrero 2018 18:33  
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El Pleno del Congreso debate este martes la propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de reclamar al Gobierno paralizar el proceso de licitación de los contratos para preparar las privatizaciones de las autopistas "quebradas y rescatadas" y mantenerlas dentro de la red pública de carreteras.

Se trata, en concreto, de la R-2 entre Madrid y Guadalajara, la R-3 entre Madrid y Arganda, la R-4 entre Madrid y Ocaña, la R-5 entre Madrid y Navalcarnero, el Eje Aeropuerto M-12, la circunvalación de Alicante y las autopistas AP-41 Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda AP-36 y Cartagena-Vera de la AP-7.

En este sentido, creen que las nueve autopistas, que asumirá el Estado en aplicación de la responsabilidad patrimonial "no deberían volver a ser privatizadas". "Sería un escándalo rescatar con dinero público empresas quebradas por la irresponsabilidad empresarial de bancos y constructoras para, una vez recuperadas, volver a entregarlas a las mismas empresas u otras compañías similares", aseveran.

Desde el grupo confederal consideran que la gestión privada supone "una excepción que rompe con el principio lógico de gestión integrada de la red", "discrimina territorios y usuarios", y "está sometida a una doble amenaza: la presión de las grandes empresas de la construcción y de los bancos para seguir con el negocio y la voluntad explicitada por el PP de ceder a esta presión".

Asimismo, recuerdan que al tiempo que han funcionado estas vías desde 1976 se han puesto en servicio más de 14.000 kilómetros de autovías y carreteras multicarril, de propiedad pública y sin peajes. "Una amplia red de carácter público que cubre el conjunto del territorio en una red articulada que tiene una lógica integrada de gestión que, sin embargo, rompe la presencia de las autopistas de peaje", señalan.

Asimismo, también ponen en duda de la legitimidad de las licitaciones de este tipo de carreteras, tanto por el tiempo en que se pusieron en marcha las primeras licitaciones --"antes de la recuperación de la democracia"-- como las segundas, emprendidas en el Gobierno de José María Aznar, "al calor de la burbuja especulativa, con estimaciones de tráfico sobrevaloradas y que han terminado en quiebra".

"Hasta 1995 pasaron 20 años sin que prácticamente se realizaran nuevas concesiones", recuerdan, criticando que su construcción supuso un "enorme fracaso generado por las grandes constructoras y los bancos pero con la complicidad del Gobierno de Aznar", con "la flor y nata de las empresas especulativas del sector".

En este sentido, citan la participación de ACS, OHL, Sacyr, entidades financieras como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar, y critican los "sobrecostes en las expropiaciones de las que se beneficiaron la familia Franco o los herederos de Serrano Súñer".

También reclamar una gestión pública de las autopistas de peaje, instando al Gobierno a no renovar las concesiones que venzan a partir de este año, entre ellas la AP-6 y la AP-1, y a que renuncie a privatizar aquellas que vayan a ser rescatadas.

Tras registrar esta iniciativa el pasado mes de diciembre, Unidos Podemos ya expresó su voluntad de forzar cuanto antes este debate en la Cámara Baja, máxime tras el caos de circulación registrado el Día de Reyes en la AP-6, cuando cientos de viajeros se vieron obligados a pasar la noche tras quedar atrapados en una nevada.
 


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