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La Crónica de Guadalajara
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Domingo, 19 de enero de 2020

Román tratará en Madrid sobre el futuro del edificio de la Prisión Provincial

El Estado estudia quitárselo de encima y está por ver si alguna institución lo quiere y para qué
Actualizado 27 abril 2018 14:12. Primera publicación 27 abril 2018 12:49.
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El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, mantendrá la próxima semana una reunión en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.

Es a ese departamento ministerial al que corresponde en la actualidad la propiedad del antiguo edificio de la Prisión Provincial de Guadalajara, un inmueble más que centenario (pues fue levantado en 1883, coincidiendo en el tiempo con el Mercado de Abastos) y que está abandonado y sin uso desde hace años, al tiempo que un creciente número de personas accede sin trabas a su interior. De estas excursiones o "incursiones" ha quedado constancia incluso en vídeos subidos a Internet, como se puede comprobar al final de esta información.

Con todo, el destinatario más previsible de una reversión del inmueble no sería el Ayuntamiento de la capital sino la Diputación de Guadalajara, ya que fueron hasta 28 los pueblos de la provincia que aportaron fondos para su construcción.

Fuentes del actual equipo de gobierno provincial, consultadas esta semana por este diario, han reconocido "off the record" que se hace difícil encontrar viabilidad a ningún proyecto en la antigua Prisión Provincial, dadas las dimensiones, la estructura interior y la cuantiosa inversión necesaria para reconvertirlo en sede para cualquier otro uso.

Las reticencias en este sentido no son nuevas, máxime cuando la que era presidenta de la Institución en 2014, Ana Guarinos, admitía los contactos con el Estado para la reversión y asumía que el coste económico de una actuación en el edificio podría llegar a ser inasumible. Llegó a calificar de "tremenda" la inversión requerida, sin siquiera tener un proyecto concreto sobre la mesa.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaban a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA en la mañana del miércoles que la cárcel alcarreña está sometida a un procedimiento de "desafectación", que ya ha sido iniciado y que desembocará, en un período de tiempo incierto, en su asunción por parte de la SEIP, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Ese organismo es el que se ocupa de disponer del inmovilizado carcelario para darle nuevo uso o para venderlo a terceros o incluso cederlo, si así correspondiera. 

Cinco años sin hacer caso al Consejo de Ministros
En realidad, la intervención del SEIP no es algo nuevo, sino que data del 5 de julio de 2013, cuando el Consejo de Ministros acordaba incluir en la relación de inmuebles para aportar a la Sociedad de Equipamientos Penitenciarios el de la calle de la Virgen del Amparo. Desde entonces aún seguimos en esa fase, un lustro después. 

Mientras ese lento procedimiento avanza, el edificio se va deteriorando a marchar forzadas.La desidia de sus responsables ya se ha hecho notar en alguna de las cubiertas que se alcanzan a ver desde el exterior, que se ha desplomado.

Mal siglo para la cárcel
Si la Prisión Provincial se levantó en el siglo XIX y tuvo su mayor uso y vivió su mayor drama en el siglo XX (con el asesinato de más de 300 presos en diciembre de 1936, en represalia por el bombardeo de la ciudad por la aviación de los sublevados) en el siglo XXI ha permanecido desocupada. La última notoriedad le llegó en 1998, durante la larga y muy mediática estancia de Vera y Barrionuevo, condenados por los crímenes de Estado atribuidos al GAL.

Tuvo que pasar una década hasta que la por entonces presidenta de la Diputación, María Antonia Pérez León, planteara a Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, el uso del inmueble, para el cual el Estado todavía no descartaba se mantuviera como centro penitenciario, tras la oportuna inversión en unas obras que ya se veían como imprescindibles... y que tampoco se produjeron, algo previsible en plena crisis económica.

Precisamente las urgencias presupuestarias fueron las que llevaron a asegurar en 2014 que el futuro del edificio de la cárcel de Guadalajara pasaba por su venta. Fue una respuesta del Gobierno a Magdalena Valerio, admitiendo explícitamente que lo que se recaudara con la enajenación iría a dotar económicamentre el denominado "Plan de Administración y Creación de Centros Penitenciarios". Tampoco se cumplió lo anunciado en esa ocasión.

¿Qué se puede hacer con este edificio?
En la campaña electoral de 2015, el PSOE presentó un proyecto llamado "Art Media" y firmado por Elena de la Cruz, con el que se animaba a convertirlo en un espacio expositivo, con una mediateca y salas dedicadas a la imagen y a la fotografía, entre otros usos. Para conseguirlo, se estimaba necesaria entonces una inversión de millón y medio de euros. Esa fecha, Daniel Jiménez recordaba que el edificio estaba "en un estado aceptable de conservación y no necesita una intervención estructural", aunque admitía que desde 2013 ya había ventanas abiertas, por las que se habían colado las palomas.

Ante esa idea, el equipo de gobierno municipal respondió con frialdad, por boca del concejal Luis García, quien recordó a los socialistas que el edificio no es de propiedad municipal. Y así seguimos.

 


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