El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local la modificación de la Ordenanza Municipal de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público, que debería afectar directamente a los puteros y a la prostitución, aunque no se sancionará a quienes la ejercen.
El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha explicado que la revisión de la ordenanza responde a los principios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, y que ha estado precedida por el correspondiente proceso de consulta pública realizado entre octubre y noviembre de 2025.
Asimismo, ha destacado que el texto mantiene coherencia con el ordenamiento jurídico vigente y que en su elaboración “han participado tanto los departamentos municipales implicados como los colectivos especialmente afectados”.
El área de Igualdad ha detallado las principales modificaciones dirigidas a combatir la explotación sexual y proteger a las mujeres y a los menores.
Según el concejal Roberto Narro, estas medidas nacen del trabajo conjunto con la Mesa de la Trata y buscan garantizar que los espacios públicos de Guadalajara sean lugares seguros y libres de cualquier forma de explotación.
La actualización de la normativa incluye la eliminación de toda publicidad que promueva la prostitución o el turismo sexual, ya sea mediante soportes móviles, aparcamientos, medios audiovisuales, folletos en vehículos o cualquier otro canal.
También se incorpora la prohibición expresa de acciones que faciliten o promuevan el consumo de prostitución, como desplazar o aproximar a clientes a zonas donde se encuentren mujeres en situación de prostitución.
Narro ha subrayado que, “en ningún caso, las mujeres víctimas de prostitución o trata serán sancionadas”, una premisa establecida por la Mesa de la Trata y asumida por el Ayuntamiento en su compromiso contra la explotación sexual.
La reforma introduce además una nueva infracción muy grave dirigida específicamente a quienes fomenten o favorezcan el consumo de prostitución, sancionada con multas de entre 1.500 y 3.000 euros.
También se refuerza el papel de la Policía Local, que dispondrá de herramientas actualizadas para requerir, investigar, inspeccionar, denunciar e intervenir en espacios donde existan indicios de explotación sexual. “Con ello, Guadalajara se alinea con otras ciudades españolas que han avanzado en la regulación para combatir esta realidad social”, ha remarcado Narro.