El 97 por ciento de los docentes de Castilla-La Mancha señala que la administración no se ha interesado por su estado físico o emocional, con el nivel de estrés o ansiedad, como consecuencia del confinamiento, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En esta línea, el 93% declara que no está de acuerdo de manera general con el apoyo que ha recibido por parte de la administración educativa, «una desatención que en el 60% de los encuestados está incidiendo negativamente en la conciliación familiar».
Respecto a las tareas burocráticas de los profesionales, a las habituales que no están relacionadas con el proceso de enseñanza se han sumado otras derivadas del COVID-19 y de la educación a distancia.
Así, un 77,28% de los docentes de toda España considera que las tareas burocráticas fijadas tras el estado de alarma son «excesivas», mientras que una gran mayoría –un 89,11%– está dedicando más horas al trabajo para atender a esta nueva situación de educación a distancia con pocos medios.
En el caso de las decisiones tomadas por la Administración educativa en el último trimestre escolar, los datos recogen una opinión generalizada. Así, a la pregunta de si se está teniendo en cuenta la opinión y experiencia del profesorado en la toma de decisiones y regulaciones normativas adoptadas un 94,4% de docentes asegura que no, frente al 3,8% que opina lo contrario, según la encuesta.
INSTRUCCIONES POCO CLARAS Y FALTA DE APOYO
Respecto a las instrucciones y normativas para regular el teletrabajo durante este último trimestre de curso escolar, un 70,63% del colectivo de docentes lamenta que son «poco claras»; el 27,24% cree que son «parcialmente claras y útiles,» y tan solo un 2,13% de los encuestados defiende su utilidad.
En Castilla-La Mancha, el 70% señala que no ha recibido ninguna instrucción sobre cómo trabajar e impartir las clases online.
Desde el sindicato, lanzan «la voz de alarma» para advertir de que muchos profesionales están al límite y los centros afrontan el final de curso y la vuelta al colegio en septiembre «con mucha incertidumbre». «Es el momento de reconocer la labor del profesorado, de eliminar o reducir burocracia que presiona aún más y resta tiempo para lo verdaderamente importante: enseñar», señalan desde CSIF.
«Es urgente acordar las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta para el nuevo curso que se inicia en septiembre. Se debe anteponer la seguridad de la salud pública a cualquier otra consideración», reclama el sindicato.
Por ello, CSIF exige negociar un Plan de Regreso a la Actividad Laboral de carácter Organizativo y Preventivo de obligado cumplimiento y un Plan de Refuerzo educativo para el curso 2020-2021.
Sobre las propuestas de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, CSIF ha pedido que «no se improvise más» porque, a su juicio, «para afrontar el próximo curso con garantías hace falta un incremento de medios y de plantillas».
«Reclamamos por ley una inversión mínima por alumno para el año que viene para afrontar el coronavirus y ante eventuales recortes», ha concluido el sindicato.