La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura acaba de aprobar una nueva derivación de agua al Levante de 180 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, que el Gobierno de Castilla-La Mancha advierte que va a «dilapidar» el «almacén de agua» en los embalses de cabecera Entrepeñas y Buendía.
«No lo vamos a admitir», ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible castellanomanchega, Mercedes Gómez, quien ha apuntado que estos 18o hectómetros suponen el 11 por ciento de la capacidad del agua embalsada en estos momentos.
«Dilapida un recurso escaso que tenemos en todos los territorios y que podría llevar a una situación de que, en el caso de que luego no hubiese recursos, pudiésemos tener informes desfavorables para inversiones y para desarrollos urbanísticos en el territorio de Castilla-La Mancha», ha aseverado.
A ello ha añadido que quedan aún 135 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar, por lo que ha dicho que no hay capacidad «técnica ni sostenible» para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia, «teniendo en cuenta que en estos momentos el Levante y Murcia no necesitan estos recursos y no tienen capacidad de almacenamiento«.
«No entendemos cómo el Gobierno de España está permitiendo esta situación y, sobre todo y lo más importante, el que no se tengan en cuenta medidas de sostenibilidad. Cuestiones que, por otro lado, el Partido Popular está encantado de que sea así», ha sostenido la consejera.
Ello le ha llevado a decir que el Gobierno de Castilla-La Mancha no está conforme y cree que ya se están perdiendo «todas las oportunidades» de poder modificar las reglas de explotación del trasvase.
«Por lo tanto, nos reafirmamos en la necesidad de establecer una demanda judicial por incumplimiento del real decreto de la aprobación de las planificaciones hidrológicas, que en el 2023 se puso encima de la mesa y que el Gobierno está día sí y día no incumpliendo», ha concluido.
Así lo justifica la Comisión
De su lado, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha trasladado que los embalses de cabecera reflejan en su estado el paso del tren de borrascas registrado en los pasados meses de enero y febrero, y disponen de un volumen efectivo de 1.503,6 hm3, por lo que la situación se corresponde se corresponde con el nivel 1 en las reglas de explotación de esta transferencia.
En un comunicado han trasladado que según dichas reglas, para el semestre marzo-agosto el sistema va a continuar en nivel 1, autorizando el trasvase de 180 hectómetros cúbicos correspondiente a 60 hectómetros cúbicos (hm3) para los meses de marzo, abril y mayo.
De su lado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado que la superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel alcanza casi el 60% habiéndose registrado aportaciones superficiales a través del río Gigüela; por otra parte, ha presentado la solicitud de 1,7 hm3 totales para atender los abastecimientos a través de la «Tubería Manchega» durante el trimestre marzo-mayo.
Los Ribereños ya se han expresado
La Asociación de Municipios Ribereños considera «completamente irracional» en el contexto actual que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura haya aprobado un nuevo envío de 180 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, a razón de 60 hm3 mensuales.
Los ribereños denuncian que el sistema «sigue funcionando con piloto automático, manteniendo trasvases máximos incluso cuando desde el propio Levante se reconoce que las necesidades de la cuenca del Segura están cubiertas».
Un trasvase que además se aplica también a marzo, anulando la decisión anterior y «poniendo de manifiesto el absurdo de aprobar estos envíos en ciclos de tres meses». Asimismo, se reabrirá después de permanecer cerrado por obras, ha informado la asociación en nota de prensa.
El presidente de la Asociación, Borja Castro, denuncia que esta decisión confirma que el sistema continúa operando exactamente igual que en el pasado. «Se siguen aprobando trasvases automáticos con reglas antiguas como si nada hubiera cambiado. Da igual que sobre agua en el Segura o que el sistema esté en transición hacia nuevas normas: el piloto automático sigue funcionando», afirma.
Desde la Asociación recuerdan que el principal problema es que «el sistema continúa funcionando con unas reglas de explotación desfasadas, que deberían haberse actualizado hace ya dos años para aplicar el escalonamiento previsto hasta 2027».
«Mantener los envíos automáticos con la normativa antigua, advierten, deja en la práctica inoperativo ese proceso de adaptación, que precisamente debía reducir progresivamente los volúmenes trasvasables para ajustarlos a la nueva realidad del Tajo».
«Si se siguen aprobando trasvases máximos con las reglas antiguas, el escalonamiento previsto queda completamente vacío de contenido. El sistema sigue funcionando exactamente igual que antes mientras se dice que está cambiando», señala Castro, quien advierte de que esta dinámica «termina trasladando toda la presión sobre la cabecera».
El técnico de la Asociación, Miguel Ángel Sánchez, añade que la situación resulta aún más preocupante porque el Ministerio continúa autorizando envíos con una normativa desfasada mientras se retrasan decisiones clave.
«Da la sensación de que el Ministerio se ha quedado paralizado. El sistema sigue funcionando por inercia, pero las decisiones que deberían corregirlo no llegan dejando inoperativas todos los avances de los últimos años», señala.
En este sentido, los Ribereños advierten de que aprobar derivaciones de este volumen supone repetir exactamente los errores que ya han vaciado la cabecera en anteriores ciclos de sequía. «Cuando hay agua se trasvasa al máximo y cuando vuelve la sequía descubrimos que no queda colchón. Es un patrón que ya conocemos demasiado bien», explican.
De hecho, no se aprobaban trasvases esta categoría desde el Gobierno de Aznar, entre 1999 y 2001, con los embalses en cifras similares. «Parece que no hemos aprendido nada, porque después nos enfrentamos a un durísimo ciclo seco que vació las reservas alrededor de 2005 provocando años de sequía y miseria».
La Asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que abandone la rutina de aprobar trasvases automáticos con reglas antiguas y aplique de una vez el marco previsto para los próximos años. «No se puede hablar de adaptación del sistema mientras se sigue haciendo exactamente lo mismo que antes, quedan nueve meses para 2027 y parece ya el parto de los montes que decía Esopo», concluye Castro.