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Sábado, 19 de octubre de 2019

Volverá a haber Síndico de Cuentas, un cargo que suprimió Cospedal

Una nueva ley del juego, entre las 70 medidas de Ruiz Molina para esta legislatura
Miguel Ángel Cabezas de Herrera, el Síndico de Cuentas cuando el organismo fue suprimido por Cospedal.
Actualizado 20 septiembre 2019 12:38
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El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha desgranado en sede parlamentaria los principales ejes de actuación que prevé para su departamento en la legislatura recién empezada, con la intención de poner en marcha un total de 70 medidas y articular seis nuevos textos legislativos al margen de los proyectos de ley de presupuestos.

De las seis leyes anunciadas, el consejero ha destacado una ley del juego para "fomentar la prevención y el juego responsable", con un texto además "más restrictivo en cuanto a la autorización de nuevos establecimientos y una mayor actividad inspectora", a lo que ha sumado "un régimen sancionador más duro para las infracciones más graves" relacionadas con la entrada de menores.

Síndico de Cuentas / Tribunal de Cuentas
Otra ley que ha querido destacar es la de creación de un nuevo organismo autónomo de fiscalización de cuentas al estilo del extinto Síndico de Cuentas, "para controlar la gestión financiera del Ejecutivo".

"Consideramos que disponer de un órgano propio de fiscalización nos hará más eficientes y fiscalizará con más detalle que el Tribunal de Cuentas", ha explicado.

El último Síndico de Cuentas fue Miguel Ángel Cabezas de Herrera, que en la actualidad es Coordinador de Asuntos Jurídicos y Responsable del área de Transparencia de la Consejería de Agricultura.

En la Sindicatura trabajaban 52 personas, de las cuales 46 eran funcionarios. El resto eran cuatro trabajadores eventuales y dos laborales. La labor que realizaba ese órgano de fiscalización la pasó a ejercer directamente el Tribunal de Cuentas, desde Madrid.

Ley de Empleo Público
A estos dos proyectos ha sumado una nueva ley de Empleo Público para mejorar las condiciones de acceso de personas con discapacidad a la función pública; o la modificación de la ley de colegios profesionales para adaptarla a la normativa europea.

Completan el cartel una nueva ley de Patrimonio y otra que servirá para regular la reserva de plazas públicas para centros especiales de empleo.


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