Desde la Junta de Comunidades se ha comenzado esta semana el reparto de 70.000 test rápidos de antígenos en las residencias de ancianos y en las de personas con discapacidad de la región, tanto públicos como privados. El propósito de esta medida es intentar para controlar los contagios por COVID-19.
Es una de las medidas preventivas planteadas días pasados y que ya detalló LA CRÓNICA. Una de las más notorias ha sido la limitación a una visita por residente y semana, y de duración máxima de dos horas. Estos encuentros son gestionados, además, mediante cita previa con el centro.
Quien ha confirmado la distribución de los 70.000 test ha sidola directora general de Mayores del Gobierno regional, Alba Rodríguez. «Estamos ante una cepa muy contagiosa. Hemos visto cómo se han incrementado el número de casos en los centros», ha asumido. Por ello, ha añadido Rodríguez, «nos parecía extremadamente necesario acotar lo máximo posible el número de contagios dentro de los centros para continuar con esa labor preventiva, con el fin de poder devolver la normalidad a los mismos lo antes posible».
Sin revisión de medidas hasta el 17 de enero
Entre las medidas preventivas en vigor hasta el próximo 17 de enero, cuando se evaluará la pertinencia de su continuidad o modificación en función de la situación sanitaria, se encuentran disposiciones generales como el uso obligatorio de mascarillas para todos los residentes cuando se encuentren en espacios comunes cerrados, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad.
La obligatoriedad de la realización de pruebas de diagnóstico de infección activa a las personas que ingresen o reingresen al centro y también a los trabajadores de los mismos, diferenciando respecto a estas según hayan sido o no vacunadas, está recogida en las medidas de carácter complementario de la mencionada resolución y ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).