La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha descartado solicitar la declaración de la capital como zona tensionada, pese al fuerte incremento de los precios de compra y alquiler registrado en los últimos años. La regidora ha defendido que la intervención del mercado no solo no soluciona el problema del acceso a la vivienda, sino que puede empeorarlo al retraer la oferta y generar inseguridad jurídica entre los propietarios.
En una comparecencia ante los medios de comunicación junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, Guarinos ha argumentado a preguntas de los periodistas que limitar los precios del alquiler «no beneficia a nadie» y que, cuando se imponen topes, los propietarios optan por retirar las viviendas del mercado o incrementar los precios para compensar la intervención.
«Decirle a una persona a qué precio tiene que alquilar su vivienda no es la solución», ha afirmado, subrayando que el problema de fondo es la falta de vivienda disponible. En este sentido, ha señalado directamente al Gobierno de España como responsable de no haber construido el parque público comprometido, recordando los anuncios de hasta 180.000 viviendas que no se han materializado.
A su juicio, el Ejecutivo central no puede trasladar a los propietarios particulares la responsabilidad de resolver un déficit que corresponde a las administraciones públicas. Frente a la intervención de precios, la alcaldesa ha defendido una política basada en «hechos y no anuncios», centrada en la generación de suelo y la promoción de vivienda protegida.
Según ha detallado, desde 2023, el Ayuntamiento ha impulsado 559 viviendas, de las cuales 156 son de alquiler asequible y 403 de protección oficial, gracias a la cesión de parcelas municipales y a fondos europeos canalizados a través de otras administraciones.
Además, Guarinos ha destacado que Guadalajara es una de las ciudades con mayor porcentaje de vivienda protegida en construcción, con un 34% del total, y ha subrayado la modificación en marcha del Plan de Ordenación Municipal para ampliar el suelo residencial e industrial.
Una actuación que, según ha explicado, es clave para responder al crecimiento de la ciudad y facilitar tanto el acceso a la vivienda como la llegada de nuevas empresas y empleo.
La alcaldesa ha insistido en que declarar la ciudad como zona tensionada no resolvería la situación actual y ha reiterado su apuesta por aumentar la oferta, garantizar seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal y exigir a las administraciones competentes que construyan las viviendas que anuncian. «Los problemas que genera el Gobierno deben resolverlos los gobiernos, no los particulares», ha abundado.
CRISIS ENERGÉTICA
También a preguntas de los medios, la regidora ha puesto el acento en otro factor que, según ella, limita tanto la oferta de vivienda como la instalación de nuevas empresas: la crisis energética.
La regidora ha explicado que, pese a que la provincia de Guadalajara es generosa en producción y distribución de energía eléctrica, la red actual no garantiza suficiente potencia para nuevos desarrollos industriales o residenciales.
A su juicio, esta situación está forzando a que algunas empresas con planes de ampliación o de implantación en la zona reconsideren sus inversiones por la falta de suministro adecuado.
Para hacer frente a esta restricción, ha recordado que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al plan nacional de distribución de energía eléctrica para asegurar que la ciudad cuente con la potencia necesaria hasta 2030.
Según ha indicado Guarinos, la falta de capacidad energética no solo afecta a las industrias ya asentadas, que ven limitada su producción, sino que también condiciona la construcción de nuevas viviendas y la llegada de empleo, que son factores clave para corregir el desequilibrio en el mercado inmobiliario. «El desarrollo residencial está intrínsecamente ligado a que las infraestructuras básicas estén garantizadas», ha subrayado.
SOBRE EL FUERTE DE SAN FRANCISCO
De otro lado, la alcaldesa de Guadalajara ha sido tajante al referirse a la situación del Fuerte de San Francisco tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que obliga a la Junta a ejecutar la rehabilitación del conjunto con plazos concretos.
A preguntas de los periodistas, la regidora ha subrayado que el Gobierno regional «lo que tiene que hacer es cumplir», insistiendo en que se trata de una obligación pendiente desde hace décadas.
Guarinos ha recordado que el origen del conflicto se remonta a una operación urbanística vinculada a la construcción de viviendas en el entorno del Fuerte, para la que el Ayuntamiento cedió terrenos municipales. «La Junta obtuvo un aprovechamiento urbanístico, vendió esas viviendas y se comprometió a rehabilitar todos los edificios del Fuerte de San Francisco para entregarlos a la ciudad», ha explicado, recalcando que ese compromiso quedó perfectamente regulado en un convenio firmado en 2010.
Sin embargo, añade, el paso del tiempo y la falta de actuación por parte de la Administración regional llevaron al Consistorio a acudir a los tribunales. «Ante el incumplimiento, el Ayuntamiento denunció, hubo una sentencia en 2017 que condenaba a la Junta a cumplir lo firmado y, aun así, siguió sin hacerlo», señaló Guarinos, que ha recordado que el último auto judicial responde precisamente a la necesidad de ejecutar esa sentencia.
La alcaldesa ha sido especialmente contundente al vincular el actual estado del complejo con la falta de actuación autonómica. «Es la inactividad de la Junta la que ha ocasionado la ruina y el estado en el que se encuentran ahora mismo los edificios del Fuerte de San Francisco», ha dicho, para añadir que la obligación es clara: «Rehabilitar el Fuerte de San Francisco, ya».
Aunque Guarinos no ha cerrado la puerta a futuras conversaciones, ha dejado claro que cualquier diálogo debe partir del cumplimiento estricto de lo acordado. «Nosotros nos podemos sentar a dialogar, por supuesto, pero lo que tiene que hacer la Junta es rehabilitar todos los edificios del Fuerte de San Francisco en las condiciones que figuran en el convenio firmado en 2010», ha concluido.