Ya lo reclamó en 2023 y ahora vuelve a la carga. Amnistía Internacional ha pasado revista a los cuerpos policiales de España que tienen entre su material las conocidas pistolas Taser.
Estos artilugios, bien conocidos incluso por las películas de acción que llegan desde Hollywood, lanzan una potente carga eléctrica sobre el individuo al que se quiere inmovilizar. Hace dos años ya se señalaba que la Policía Local de Guadalajara disponía de ellas y ahora, en marzo de 2025, se le vuelve a reprochar esta decisión junto con otras 61 policías locales del país.
La Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos de Esquadra y agentes de la Policía Local de al menos 62 municipios correspondientes a 13 Comunidades Autónomas cuentan con dispositivos de descarga eléctrica, sostiene Amnistía Internacional.
En Castilla-La Mancha, además de Guadalajara se han dirigido a los ayuntamientos de Toledo, Talavera de la Reina, Fuensalida, Alcázar de San Juan, Albacete, Seseña y Ciudad Real para reconvenirles.
En cambio, en la cercana Alcalá de Henares, la recordada Orlena de Miguel –en la actualidad, concejala de Seguridad con el PP en el ayuntamiento complutense– se ha mostrado muy favorable a este tipo de recurso y de los cinco agentes que han formado específicamente para su uso.
¿Armas inocuas o letales?
“Son armas potencialmente letales que además son particularmente nocivas cuando se utilizan frente a grupos identificados como especialmente vulnerables a sus efectos, como personas con cuadros de crisis mental, bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Y precisamente algunos cuerpos policiales están justificando la adquisición de las Taser para hacer frente a estos grupos, algo muy preocupante”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Sostiene Amnistía Internacional que en los últimos cinco años las Taser se han utilizado contra personas con algún problema de salud mental, que son especialmente vulnerables a este tipo de arma; notoria fue la muerte de un hombre, en noviembre de 2021, en Badalona, tras recibir seis descargas por parte de agentes de los Mossos d’Esquadra; el de una mujer que recibió tres descargas en Sabadell, en noviembre de 2020, en un centro de atención primaria, también por agentes de Mossos d’Esquadra, y más recientemente, en 2024, en Pontevedra, cuando se utilizaron contra una persona que padecía una enfermedad de salud mental, por agentes de la policía local del municipio de Poio.
«Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades españolas que avance en la creación de una legislación estatal que contenga las correspondientes garantías y salvaguardas en la introducción y utilización de este tipo de armas. Es esencial garantizar una formación adecuada para los agentes, establecer protocolos claros y asegurar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para prevenir posibles abusos», insisten desde la organización.