El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura no haber recibido una comunicación oficial por parte del Gobierno central sobre el inicio del traslado de menores que permanecen en Ceuta, tras pasar la frontera el pasado 30 de julio.
Así lo han confirmado a Europa Press para LA CRÓNICA fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que precisan que aún se están tramitando los expedientes de traslado de menores que permanecen en Canarias desde la crisis del verano pasado.
Desde el Ejecutivo castellanomanchego insisten en que la única información oficial respecto a los menores de Ceuta es la del pasado 13 de agosto, durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, cuando el Ejecutivo ratificó su intención de destinar un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de menores migrantes no acompañados.
De igual modo, aseguran que estarán presentes en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, que preside la ministra Sira Rego, a la que están convocadas las consejerías autonómicas con competencias en esta materia y se celebrará el próximo jueves, 27 de agosto.
Sobre este asunto concreto, el vicepresidente segundo del Gobierno castellanomanchego, José Manuel Caballero, defendía el pasado 5 de agosto que la acogida ha de ser «por igual que el resto de las comunidades autónomas de España».
El caso de las 500 niñas
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha defendido este jueves el traslado urgente de 500 menores de Ceuta a la península al necesitar un mecanismo «más ágil» y ha garantizado que será una distribución «equitativa» entre las comunidades autónomas.
Así lo ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que el mecanismo utilizado será el mismo, en algunos casos, que el diseñado para dar acogida a los menores procedentes de Canarias solicitantes de asilo y de los que, según el Tribunal Supremo, debía hacerse cargo el Estado.
«Esas plazas se han utilizado con estos menores que, en muchos casos, están cumpliendo 18 años y en su mayoría ya están con un itinerario personal laboral y podemos aprovechar la existencia de esas plazas para derivar también niñas», ha argumentado Pérez Correa quien ha eludido dar más detalles al respecto.
El resto de derivaciones, según ha confirmado, se realizarán a dispositivos que tienen marcha entidades que ahora mismo trabajan tanto con el Ministerio de Inclusión como también con la ciudad autónoma de Ceuta.
«El nivel mayor de concreción para nosotros es la firma del convenio con la entidad y la aceptación por parte de la ciudad (de Ceuta) de hacer ese traslado. Creemos que es muy probable y además que es posible», ha añadido.
Respecto al número de menores que entraron a finales de julio en la ciudad autónoma, Pérez Corre ha hablado de unos 2.500 pero se ha mostrado convencido de que «hay muchos más». «Estamos también viendo un número muy significativo de ellos que están ahora mismo en la vía pública», ha asegurado Pérez Correa quien ha admitido la complejidad territorial de Ceuta para poder cuantificar con precisión la cifra.
Y ha puesto el foco en los «porcentajes altísimos de niñas en el sistema de protección, algunos casos de menores de 10 y 11 años, que están saliendo de situaciones familiares muy complejas».
Y, por ello, ha justificado la «urgencia» de la medida para «intentar que estas niñas estuvieran fuera de los riesgos que implica una situación de calle». «Nos preocupa su extrema vulnerabilidad y requieren una atención mucho más personalizada», ha añaido
Respecto al hecho de que se hayan derivado menores extranjeros no acompañados en los últimos días a otras comunidades como Extremadura, gobernada por el PP en coalición con Vox, el secretario de Estado ha avisado que en todas las CCAA «se va a cumplir la ley» y ha recordado, en este sentido, la colaboración con la Fiscalía para garantizar su cumplimiento. «Si no se quiere cumplir la ley, pues actúa en este caso Fiscalía de Menores y los organismos que se tienen habilitados. Nosotros no entendemos otro escenario», ha añadido.
En este sentido ha recordado que hay comunidades que han expresado de «manera legítima» su oposición al Real Decreto Ley y «están colaborando de manera magnífica, hay servicios de protección que están llevados por personas profesionales, por funcionarios públicos que tienen una visión de infancia y que han colaborado sin ningún problema». «Otra cosa es cómo se expresa en las ruedas de prensa o cómo se expresa en los mítines», ha añadido.