Las claves de esta noticia:
- El lobo ibérico está catalogado como especie en peligro de extinción, aunque sigue siendo un problema para los ganaderos en Guadalajara.
- Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico demandan un Plan de Recuperación en un plazo de tres meses.
- El incumplimiento de la normativa obliga a la Junta a crear un plan que garantice la recuperación del lobo en Castilla-La Mancha, insisten.
- Las organizaciones advierten que, a pesar de la presencia del lobo, la población no progresa y es esencial actuar ya.
- El Gobierno debe implementar medidas de gestión para proteger al ganado y fomentar la coexistencia con el lobo como parte fundamental del ecosistema.
El lobo ibérico se encuentra catalogado como especie “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas aprobado en 1998. Sin embargo, desde hace décadas también supone un problema frecuente para los cada vez más escasos ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara.
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En él instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus).
El requerimiento, ya tramitado, subraya que la ausencia de este instrumento de planificación incumple lo dispuesto tanto en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad como en la Ley autonómica de 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Además, ambas normas obligan a elaborar y ejecutar planes de recuperación para las especies amenazadas declaradas en peligro de extinción.
“El mal estado de conservación del lobo en Castilla-La Mancha exige un plan transparente, dotado de recursos y con medidas claras que aseguren que la especie se recupera. La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica”, advierte Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.
Que haya lobos es una buena noticia, sostienen
“La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya”, señala Ernesto Díaz, del Fondo Lobo.
“La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra”.
Las organizaciones denuncian que, pese al avance del conocimiento científico que reclama la recuperación de la especie, Castilla-La Mancha continúa sin contar con un instrumento de gestión. Sin embargo, este instrumento resulta “ineludible” para garantizar la supervivencia de una población que se encuentra en uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el territorio regional.
El plan de recuperación es obligatorio
Sara Gonzalez, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, explica: “Que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración. El ordenamiento español y castellanomanchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación. Es una obligación legal directa. La inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”.
Las entidades que impulsan el requerimiento recuerdan la importancia de disponer de «una herramienta sólida de gestión y conservación» que permita implementar y fomentar las medidas preventivas ante eventuales daños al ganado. Además, destacan la importancia de «agilizar indemnizaciones e impulsar campañas formativas e informativas que sirvan para tender puentes hacia una coexistencia con la especie como pieza fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas».
