El próximo 30 de noviembre se verá en los juzgados de Guadalajara el caso contra 8 personas que fueron detenidas el 5 de diciembre de 2017 en una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo, en las protestas contra un desahucio.
La Fiscalía pide para los acusados un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público.
Así, según el auto de la Fiscalía, que ha sido facilitado por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, por el delito de resistencia y desobediencia grave a los agentes se pide para estas personas una pena de diez meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
A esta pena se suman dos meses más por el delito leve de allanamiento de un local abierto al público, con una cuota diaria de 10 euros y aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, lo que supondría un mes más de privación de libertad.
Por parte de CaixaBank se reclama una condena que, según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, asciende a tres años y medio de cárcel por los delitos de allanamiento, coacciones, resistencia a los agentes y desórdenes públicos.