Vox ha presentado una moción en el Parlamento murciano por la que solicita declarar «personas no gratas» en la Región de Murcia al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y a los líderes de PP y Ciudadanos en la Comunidad Autónoma, Paco Núñez y Carmen Picazo, respectivamente.
En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Vox ha calificado a estos representantes políticos de «responsables del ‘Pacto de la sed'», en referencia al acuerdo suscrito este miércoles por los tres partidos junto a asociaciones y organizaciones de Castilla-La Mancha, con el fin de acotar el trasvase Tajo-Segura.
«No cabe otro calificativo a quienes pretenden arruinar a sus compatriotas y vecinos y cuyo único objetivo es sembrar la discordia entre españoles en momentos en los que tenemos que estar unidos y preocupados por el futuro de España», ha indicado el partido.
Vox se ha dirigido al PP para reprocharle que «no es capaz de organizar su propia casa», pues «mientras en Murcia hablan de ‘Agua para todos’, en Castilla-La Mancha condenan a la sed a los agricultores y a los ciudadanos del levante y el sureste español».
Asimismo, ha avanzado que desde sus filas trabajarán por la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, como forma de impulsar «una política única que beneficie a todos los españoles por igual, que mire por el bien común de toda la nación y asegure la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos».
DEFENSA DE LA «UNIDAD HÍDRICA DE ESPAÑA»
En este mismo sentido, Vox en la ciudad de Murcia ha defendido la «unidad hídrica de España» frente al «separatismo del consenso progre», según han informado fuentes municipales en un comunicado.
«Una vez más, PP, PSOE y Cs se unen para dañar a los españoles tal y como hicieron recientemente con el sector agrícola a través de la ley del Mar Menor», ha indicado el presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo.
Para Antelo, «este vergonzoso pacto vuelve a dejar de manifiesto que es necesario un mando único sin la división y los intereses de las comunidades autónomas».
A su juicio, con este acuerdo «no solo se está politizando el agua, sino que además se continúa actuando de una manera irresponsable con la gestión de las infraestructuras olvidando algo primordial: que en Levante se generan, según un estudio, más de 3.000 millones de euros y más de 106.000 empleos directos».
«El consenso progre cree que el agua les pertenece y solo pretenden asfixiar a los trabajadores que dependen del Trasvase, buscando con este nuevo episodio una guerra del agua entre los españoles», ha manifestado el presidente provincial.
Asimismo, ha insistido en que el agua «es un bien de dominio público con el que se frena la desertificación y VOX no va a tolerar que se vuelva a desprestigiar a nuestros agricultores».