Los 213 diputados que dejarán de serlo a partir de las 00:00 horas de este martes, cuando se haga efectiva la disolución del Congreso, podrán cobrar una indemnización de transición en un pago único siempre que no tengan otros ingresos. A falta de un acuerdo expreso de la Mesa del Congreso, la previsión es que esa cantidad corresponda a 52 días de sueldo como en anteriores legislaturas y oscilaría entre los 7.300 y los casi 9.600 euros, en función de los complementos.
Una vez se publique este martes el decreto de disolución del Congreso sólo mantendrán la condición de diputados 137 personas: los 68 miembros titulares de la Diputación Permanente, sus suplentes, y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Y los otros 213 parlamentarios podrán percibir esta indemnización de transición, siempre que lo soliciten expresamente. Esta ayuda, incompatible con cualquier otro ingreso, se abonará en un solo pago y tributa a Hacienda. En concreto, corresponde a la retribución que sus señorías cobrarían de seguir en activo durante los 52 días que median entre la disolución y el día de reflexión (28 de noviembre).
LO QUE HABRÍAN COBRADO DE NO DISOLVERSE LA CÁMARA
Esto es, incluye la denominada retribución constitucional (3.366,99 euros), a la que se suma la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (1.032,38 euros para los de Madrid y 2.162,85 para el resto).
Por tanto, ese pago único podría oscilar entre los 7.300 de los diputados de Madrid hasta los cerca 9.600 euros de parlamentarios de otras circunscripciones, a lo que se suma la parte proporcional de sus complementos en función del cargo.
Los miembros de la Diputación Permanente continuarán siendo diputados hasta que se constituya el nuevo Congreso, lo que tendrá que suceder en los 25 días posteriores a la votación. Es decir, como muy tarde el 24 de diciembre, aunque la fecha exacta se conocerá cuando se haga público el decreto de disolución.
DESPUÉS PUEDEN COBRAR EL ‘PARO’
Celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese. Eso sí, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.
Ese ‘paro’ será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.366,99 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.