La Audiencia Provincial de Toledo acoge este martes un procedimiento judicial contra un varón identificado como C.M.P. por un presunto delito de estafa agravada. El encausado ocupó el puesto de funcionario interino del cuerpo de auxilio judicial en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número 2 de Castilla-La Mancha, ubicado en la localidad toledana de Ocaña, entre el 29 de julio de 2011 y el 9 de diciembre de 2014.
Entre marzo y diciembre de 2014, el acusado aprovechó su posición privilegiada y el acceso directo a los expedientes de reclusos de los centros penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca para tejer una red de falsas expectativas. Según sostiene el Ministerio Fiscal, el procesado diseñó un plan preconcebido para lucrarse a costa de los familiares de los internos.
Falsas identidades y documentos manipulados
Para dotar de credibilidad a sus mentiras, el acusado se ganó la confianza de la víctima, F.E.G., a quien prometió audiencias directas con la autoridad judicial, permisos de salida y la tramitación de la libertad condicional para su compañero sentimental, interno en Ocaña I. En su estrategia, el falso intermediario llegó a asegurar inicialmente que se apellidaba R y ocupaba el cargo de juez, para más tarde confesar que su verdadero apellido era G y que actuaba en colaboración con un bufete de abogados, ocultando su condición real de empleado público raso.
Con el fin de mantener el engaño y exigir continuos pagos monetarios, el exfuncionario llegó a exhibir un documento presuntamente sellado en Madrid donde se vislumbraba de forma mendaz la excarcelación del recluso para el 29 de agosto de 2014, además de entregar un impreso de declaración de acogida para avalar los permisos.
Un fraude de 6.800 euros y penas solicitadas
Como resultado de esta operativa fraudulenta, el fiscal calcula que el acusado logró embolsarse de forma ilícita un total de 6.800 euros. La afectada realizó hasta siete transferencias bancarias a lo largo de 2014 a la cuenta del hijo del procesado, mientras que el resto de abonos se efectuaron en metálico. Incluso llegó a entregar un modelo incompleto de contrato de préstamo en el que reconocía una deuda de 2.000 euros con la denunciante.
Ante estos hechos, la acusación pública tipifica lo sucedido como un delito de estafa agravada. Para el procesado, se solicita una condena de tres años y medio de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y una multa de necesarios nueve meses con cuotas diarias de 12 euros, además de asumir las costas procesales. Asimismo, se demanda su inhabilitación absoluta para empleo o cargo público durante un plazo de diez años y el abono íntegro de los 6.800 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
Para más información institucional y detalles sobre la labor de los órganos judiciales en la región, se puede consultar la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha o acceder a los boletines oficiales a través del Portal del Estado.