La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha informado este lunes que convocará previsiblemente la próxima semana a responsables de los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha comunicado Ribera en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la sede ministerial, donde ha explicado que se contará con la opinión de los técnicos procedentes de las distintas comunidades implicadas para actualizar las reglas de explotación de este trasvase.
En este contexto, ha explicado que una primera instancia se convocará a responsables de los Ejecutivos autonómicos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, y no descarta que en futuras reuniones pueda estar también Extremadura por su implicación con el Guadiana.
Tanto Ribera como Mazón han celebrado esta reunión, llegando a calificar la ministra como «ejercicio positivo» que estas comunidades se escuchen entre sí, mientras que el presidente valenciano ha aplaudido esta reivindicación con la que acudía a la reunión.
La reacción de Page
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado este lunes de que el diálogo «no puede servir» para «retrasar» un compromiso legal, como es rectificar «cuanto antes» las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
«Nosotros somos la única región de España que lleva dando agua sin protesta ninguna para beber, desde hace mucho tiempo. Ni más ni menos que 14.000 santiagos bernabéus en agua para beber. Con ese agua que hemos dado, no tendría problema ni Barcelona ni toda Cataluña para beber durante muchos años. De manera que a estas alturas, si se trata del agua para regar, por supuesto nosotros también tenemos necesidades», ha manifestado el presidente castellanomanchego.
Aprovechando que este lunes se reunían el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que ya ha pasado el plazo de un año que dice la ley en el que es necesario contar con una nueva regulación en la explotación del Tajo-Segura.
«Las reglas de explotación ya tenían que haberse cambiado. No quiero ni mucho menos atosigar ni calificar de incumplimiento algo que la ley ya exige y es que contáramos con unas nuevas reglas de explotación», ha insistido García-Page.
Dicho esto, ha comentado que el hecho de que el Tajo sea el único río de Europa que no tiene caudal mínimo ecológico «no sólo es una anomalía, es un delito ambiental y son los tribunales y es la Comisión Europea y es la ley, esa ley que algunos se empeñan en decir que es sacrosanta, pero que tiene que valer para mi tía, tiene que valer para los independentistas y tiene que valer para el trasvase».
«La ley obliga a modificar las reglas de explotación, a fijar un caudal mínimo y a establecer un código de entendimiento en lo que queremos pensar sea la solidaridad», ha continuado García-Page.
Así, se ha preguntado por qué en «el Levante español, si se trata de recibir agua, quieren toda, venga de donde venga y se la quiten a quien se la quiten y cuando se trata de darla, por ejemplo, ahora que hay sequía en Barcelona, entienden que darla solo es si es desalada en una desaladora del Estado y solo para beber, nunca para regar». «¿Por qué hay esa doble vara de medir?».
También ha aprovechado García-Page para reclamar «seriedad» ante «cosas» que ha tenido que escuchar como «que el Tajo desemboque directamente en el Mediterráneo». Si Castilla-La Mancha tuviera acceso al mar, «tendríamos ya 10 desaladoras en el poquito de playa que nos dejaran. Es una oportunidad y una fortuna tener agua del mar para poder utilizarla. Y nosotros lo estaríamos haciendo».
Además, ha lamentado que solo se hable del pacto del agua en España «cuando se trata de quitárselo a Castilla-La Mancha». «¿Por qué solo vale el trasvase de un río? Si se quiere en España tener conectado como si fuera una obra de fontanería todos los ríos, perfecto, todos, pero no solo uno», ha reivindicado.
Finalmente, ha dicho que le parece «muy bien» que el Ministerio quiera hablar con todos, es más, «es su obligación», pero ha recordado que el plan hidrológico ha sido como consecuencia de un diálogo social «en el que todos hemos opinado y hablado, y ya se ha aprobado, ya es norma, y es coherente con las resoluciones de los tribunales tanto del Supremo como de la Unión Europea».
«A partir de ahí podemos hablar, pero el diálogo no puede servir para retrasar un compromiso legal, que es rectificar cuanto antes las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», ha concluido.