La situación del río Tajo y de sus embalses de cabecera figurarán en el próximo informe de David Boyd, relator especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de la Organización de Naciones Unidas. El documento está centrado en los derechos humanos y las obligaciones relacionadas con una biodiversidad y unos ecosistemas sanos.
“Si el Gobierno de España no actúa, acudiremos a quien tengamos que acudir, como ya hicimos con la Unión Europea, proceso que sigue su trámite, para defender los intereses de nuestros municipios y del río Tajo, patrimonio de todos los españoles y portugueses, patrimonio de todos los europeos”, defiende la presidenta de los ribereños, María de los Ángeles Sierra, que firma el documento preparado por el técnico de la asociación.
Desde la asociación confían en que su petición de ayuda sea escuchada, una vez que la información ha sido recibida, y creen que en otoño de este mismo año podría iniciarse el proceso para que su voz sea escuchada en la sede de las Naciones Unidas.
El informe tiene el objetivo de evidenciar la mala implementación que realiza el Reino de España de la política de aguas; así como los incumplimientos tanto de la legislación nacional sobre Aguas, Medio Ambiente y protección de ecosistemas, como de la que emana de los compromisos con la Unión Europea. Algo que ha producido un impacto importante en los municipios ribereños, «privándoles del derecho a disfrutar de sus recursos naturales y de un medio ambiente saludable, provocando a su vez una pérdida del 20 por ciento de la población en los últimos diez años e impidiéndoles hacer uso del agua, incluso para abastecimiento humano», según destacan desde la asociación.
Olvidados por todos los gobiernos de España
Los ribereños consideran que los diferentes gobiernos han ignorado la situación de la cabecera del Tajo y de los embalses de Entrepeñas, Buendía y Bolarque, quedando supeditados a las exigencias de un trasvase para una cuenca hidrográfica externa y lejana. Además, recuerdan que el impacto ambiental es muy importante, tanto en los embalses de cabecera, que se vacían recurrentemente para enviar los recursos almacenados a la costa mediterránea española, como para el propio río y las ciudades que se sitúan aguas abajo.
No olvidan señalar tampoco el daño que los cultivos intensivos sobre roturaciones, que en muchos casos califican de ilegales, están produciendo en la cuenca receptora, como puede observarse en el estado actual del Mar Menor, a punto de un nuevo colapso. Esto es así, denuncian, porque nunca ha habido un cambio de actitud real del Estado para solventar la problemática. “Al contrario, ha legislado para mantener la situación”.
Por ello defienden la necesidad de consolidar “una lámina de agua estable y adecuada en los embalses, que permita el mantenimiento de los ecosistemas, tanto lacustres como riparios; y a su vez permita el desarrollo de las posibilidades endógenas de las localidades y pobladores de sus orillas”, enfatizan.
Los ribereños quieren disponer de sus recursos naturales, ahora expoliados y maltratados, algo que consideran básico para asentar población, por lo que demandan el cierre inminente del Trasvase Tajo-Segura ante la ONU.
“Actualmente existe una transferencia de recursos y posibilidades entre la España interior y más pobre y la periférica y más rica”, concluyen. “Esto contribuye al incremento de la brecha de renta entre los territorios, además de incrementar el despoblamiento en la denominada «España vaciada»”. Así, consideran que el Estado debería compensar esa desigualdad, y evitar las acciones que incidan en ello: “en este caso la estrategia debe consistir en potenciar los recursos endógenos, cerrar el trasvase Tajo-Segura e implementar acciones para que podamos recuperar, restaurar y aprovechar adecuadamente nuestros recursos durante tantos años esquilmados y expoliados”.