Con mucha frecuencia, los coches que se roban en España van a otros países, donde se «reciclan» adecuadamente con nuevos propietarios. Eso lo han sufrido miles y miles de conductores. Pero también se puede dar el caso de que un vehículo ofrecido en venta en nuestro país, y con matricula española que le da apariencia de legalidad, en realidad haya sido robado en el extranjero y se le esté siguiendo la pista desde allí. Las consecuencias para el incauto son fáciles de suponer.
Una buena prueba la tenemos en una reciente operación policial, cuyos detalles desmenuzamos a continuación.
En efecto, la Guardia Civil ha recuperado nada menos que 40 vehículos sustraídos en diferentes países de la Unión Europea y que posteriormente eran trasladados a España.
Aquí, en nuestro país, eran matriculados y vendidos en el mercado de segunda mano. Por el momento han sido detenidas ocho personas por delitos de falsificación de documento público, receptación o estafa.
Esta operación, de nombre ‘Sescar’, ha sido llevada a cabo por la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad en coordinación con la Agrupación de Tráfico.
Mediante el análisis documental del Grupo Central de Investigación de Tráfico de la Guardia Civil de la información recibida de diferentes jefaturas provinciales de tráfico y estaciones ITV, se pudo confirmar la matriculación de forma fraudulenta de vehículos, a los que les constaba un señalamiento de sustracción.
Este entramado delictivo sustraía vehículos en diversos países de la Unión Europea. Una vez en territorio español, los delincuentes modificaban los elementos identificativos de los turismos para venderlos tras su matriculación. El grupo delictivo también se dedicaba a obtener vehículos a través de contratos de renting en varios países.
Para ello recurrían a personas sin recursos que a cambio de una compensación económica les vendían su documentación personal. Los delincuentes trasladaban los vehículos a España, donde eran matriculados utilizando documentación falsa, dejando de abonar las cuotas correspondientes a la financiación.
Cuando el vehículo era matriculado en España, los delincuentes denunciaban la sustracción de los mismos, notificando al arrendatario con el fin de eludir el pago de las mensualidades correspondientes. Los vehículos se legalizaban en España mediante la obtención de la documentación en las ITV, donde se les otorgaba la tarjeta de inspección técnica.
Posteriormente, eran matriculados en diversas jefaturas provinciales, lo que les permitía obtener una nueva matrícula nacional. Este proceso complicaba la localización de los vehículos, ya que adquirían una nueva identidad, facilitando así la introducción de automóviles robados en el mercado de segunda mano.
Durante el trámite de matriculación en las distintas jefaturas de Tráfico se presentaban contratos de compra y venta falsificados, lo que les permitía eludir los controles establecidos por estas entidades.
La operación se inició en octubre de 2024 tras el estudio de múltiples expedientes de matriculación presentados en diferentes jefaturas provinciales de tráfico y las estaciones de ITV de todo el territorio nacional.