Desde la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE), la Asociación Artiborain y la Asociación de Jóvenes Investigadores (AJICS) han mostrado su «disconformidad» con los informes técnicos realizados por la Junta de Castilla-La Mancha en el caso de la ocupación de Fraguas, por los que se ha condenado a seis jóvenes a pagar cerca de 110.000 euros para la demolición de lo que se ha construido y, han pedido que se realice un nuevo estudio sobre el patrimonio de este poblado.
Estas asociaciones tienen claro que los informes en los que se ha basado el Gobierno de Castilla-La Mancha son «insuficientes» y, por ello, con fecha 19 de agosto, han remitido un nuevo escrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, para que, como propietaria, les de permiso para realizar otro estudio arqueológico e histórico sobre el estado actual del patrimonio material e inmaterial de este núcleo rural, que realizarían entre el 17 y el 23 de octubre, y que los condenados incorporarían a la causa judicial, tal y como ha señalado a Europa Press uno de ellos, Aracil.
Una actuación que engloban en el marco del proceso jurídico-administrativo abierto contra estos seis jóvenes para quienes el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara pedía, hace algo más de un mes, el pago de 109.840,87 euros en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a abonar de forma conjunta y solidaria, como coste por la demolición de las construcciones e instalaciones y retirada de residuos.
Un pago con el que no están de acuerdo los imputados, especialmente porque consideran que con esta demolición se pierde todo el patrimonio de este espacio y, según ha señalado a Europa Press Aracil, en el caso de ser admitido lo presentarían a las instancias judiciales para que fuera tenido en cuenta.
Según Aracil, aunque el estudio realizado por el Ejecutivo regional diferencia entre lo reconstruido y lo que es anterior, no comparten las conclusiones ya que «decide destruirlo todo» e incluso apunta que si hubiera algo que conservar, se llevaría al museo de Guadalajara.
«Nosotros consideramos que sacar las piedras de contexto y ponerlas en las paredes no es la idea».
Por ello, con este nuevo estudio pretenden demostrar que los bienes patrimoniales de Fraguas están mejor conservados si se mantienen los tejados que ellos mismos, como pobladores, han realizado, con lo cual, su objetivo final persigue también que no se ejecute esta sentencia que les condena al pago de casi 110.000 euros.
PRUEBA A TENER EN CUENTA
Con la solicitud de esta nueva intervención arqueológica los pobladores de Fraguas condenados quieren que dicho informe sea una prueba a tener en cuenta y que se paralice la demolición hasta que la investigación, en caso de ser autorizada, se realice.
Ante la negativa de los recursos interpuestos hasta ahora, los afectados han decidido solicitar la intervención del Instituto de Ciencias del Patrimonio, universidades, la asociación Artiborain, y la Red Ibérica de Ecoaldeas y otros organismos representativos del movimiento social neorural.
Según Aracil, la cuantía que se les exige por la demolición «está sobrestimada por todos los lados».
«Ellos nos pueden echar cuando quieran pero lo que es vergonzoso es que pretendan tirar un pueblo con 800 años de historia», ha concluido.