Para unos, los que viven en el caserío del despoblado de Fraguas (en el término municipal de Monasterio) son jóvenes admirables, «repobladores» que están apostando por el medio rural. Para otros, se trata de okupas que están usurpando para su uso particular un bien que es de todos y, además, en un bien público. Años llevamos en Guadalajara con esta polémica, a pesar de que desde 2018 haya una sentencia judicial que la Junta de Comunidades tiene aún sin cumplir… en parte, ahora, por decisión de una juez.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara dictaba días pasados, con la firma de la magistrada María del Carmen Molina, una providencia por la cual pide al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil elaborar un informe técnico sobre el patrimonio del poblado de Fraguas y su posible protección. Lo exige antes de proseguir con la petición de la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional de avanzar en el desalojo de los pobladores y «la restauración de los bienes del entorno», lo que implicaría demoler lo construido en los últimos años.
Según esta providencia, la magistrada pide que los agentes de la Benemérita recaben el informe que presentó el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, que remitió una carta al Juzgado de lo Penal de Guadalajara defendiendo el patrimonio arqueológico y cultural del pueblo.
Reclama también una relación justificada e inventariada de bienes de interés cultural que sean objeto de protección elaborada por dicho Instituto, así como normativa aplicable y «razón por la que hasta este preciso momento no se ha dado cuenta de su existencia».
Pide, asimismo, se recabe el informe elaborado conjunta y coordinadamente por el Instituto de Ciencias del Patrimonio y la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en tanto del escrito presentado en fecha del 5 de marzo «se infiere que tiene conocimiento de la existencia de bienes de interés cultural en la zona del monte nº 277 afectado por la presente ejecutoria, en el que den cuenta a este Juzgado de la planificación prevista para ejecutar la sentencia de 7 de junio de este Juzgado sin más demora».
El CSIC como argumento
Fue el pasado mes de marzo cuando el Instituto de Ciencias del Patrimonio, organismo que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras conocer lo ocurrido en Fraguas por medio de un historiador de Guadalajara, remitió una carta al Juzgado de lo Penal de Guadalajara defendiendo el patrimonio arqueológico y cultural del pueblo.
En efecto, el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) ha pedido al juzgado competente del derribo su inmediata paralización. Según el director del Incipit, Felipe Criado-Boado, «el pueblo puede catalogarse como patrimonio histórico y etnográfico».
El escrito que han registrado ante el Juzgado de lo Penal Nº1 de Guadalajara, además, menciona la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha (4/2013) y citan: “Así, la arquitectura negra, a la que pertenece la iglesia de la localidad, aparece mencionada explícitamente en la disposición adicional tercera de dicha ley como Patrimonio Cultural” de la región. Además, el pueblo en su conjunto se puede considerar patrimonio arqueológico tal y como se define en el artículo 49 de dicha ley: el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo”.
En marzo de este año, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba una resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la que se da luz verde a la «recuperación de oficio de la posesión» por parte del Gobierno autonómico. Del mismo modo, se declaraban «contrarias a derecho» las intervenciones realizadas sobre el Monte de Utilidad Pública nº 277, correspondiente al del despoblado de Fraguas y perteneciente al municipio de Monasterio.
La Junta contraataca con otros argumentos
La reacción desde la Junta de Comunidad llegaba al filo del fin de semana. Fuentes de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara lamentan que se esté «filtrando» documentación del proceso judicial del poblado de Fraguas y que, además, se estén «tergiversando» los hechos y la realidad sobre este asunto.
«Hay quienes tratan de presentarse ante la opinión pública como víctimas cuando lo son el monte de utilidad pública, el Parque Natural y el despoblado de Fraguas como espacios protegidos que están siendo vulnerados y deteriorados debido a un mal uso particular, así como la ciudadanía, por tratarse de un bien común», aseguran desde la Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
El Gobierno regional considera víctimas también a la población que vive en los numerosos núcleos de la Sierra Norte de Guadalajara junto a este monte de utilidad pública, como Monasterio, en cuyo término municipal se ubica, con apenas habitantes, y «donde perfectamente puede asentarse quien quiera apostar por el medio rural. Por cierto, como se les ha facilitado por parte de la Administración regional y como han aprovechado algunas de las seis personas implicadas».
Desde Desarrollo Sostenible se afirma que la Junta solo cumple con la sentencia del juzgado número 1 de Guadalajara de junio de 2018. Y de hecho, –recalca–, en la reciente providencia de la que se habla «el juzgado nos exige dar cuenta de la planificación prevista para ejecutar su sentencia sin más demora».
La Consejería de Desarrollo Sostenible no ha recibido por parte de dicho juzgado ninguna modificación de la sentencia –señalan dichas fuentes– y sí la ordenación de su ejecución para llevar a cabo el desalojo y la restauración de la legalidad que dicho juzgado dicta en su sentencia y, en consecuencia, –destacan– la demolición de las construcciones nuevas y los añadidos a las existentes que «no han respetado» las originales, y restauración de este Espacio Natural Protegido, «porque se encuentran en un monte público dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara».
Como administración competente –defienden desde Desarrollo Sostenible– tienen la obligación de proteger la integridad de los bienes de dominio público y «el Juzgado en su sentencia nos determina unas obligaciones en cuanto a la restauración de este Espacio Natural Protegido».
«Volvemos a reiterar que queremos conservar el patrimonio arqueológico y etnográfico con valores a preservar y que ha sido gravemente deteriorado por las nuevas construcciones realizadas y por la enorme cantidad de residuos acumulados que son una amenaza muy grave para este monte público por el alto riesgo de provocar incendios».
En aplicación de la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha se ha incluido de oficio el despoblado y el cementerio de Fraguas «para preservar el patrimonio». También se han inventariado «bienes de interés objeto de protección de cuya existencia se ha dado cuenta. En este sentido, conviene aclarar que se trata de un despoblado así catalogado cuya tipología, por cierto, no está declarada como arquitectura negra».
También de acuerdo a la sentencia y a la protección del patrimonio desde el Gobierno regional se ha contratado un estudio arqueológico-cultural que ha elaborado «una entidad rigurosa, científica e independiente», con «una gran trayectoria» en actuaciones similares y de reconocido prestigio como es la Universidad Politécnica de Madrid, y que determina los elementos susceptibles de ser protegidos.
Además, estas fuentes explican que el equipo de arqueólogos responsable se ha desplazado al terreno y atesora «una dilatada experiencia» participando en la recuperación de patrimonio que «nos va a permitir recuperar el patrimonio público que ha sido gravemente deteriorado por las nuevas construcciones realizadas». «Por cierto, aspecto que también consensuábamos con las seis personas implicadas en el acuerdo alcanzado», aclaran.
«El estudio es obligatorio para la ejecución y tiene que ser elaborado por un técnico en la materia. En todas las intervenciones que afectan a bienes de patrimonio cultural lo debe presentar el titular, en este caso la Junta de Comunidades. En ese estudio se determina la forma técnica de proceder para la recuperación patrimonial degradada y la ejecución se establece por los cauces legales conforme marca el juzgado», declaran desde la Junta.
También han aclarado desde Desarrollo Sostenible que no han recibido ningún estudio por parte de ninguna entidad ni instituto. «Por nuestra parte estaremos encantados de sumar propuestas de otros organismos interesados y estamos a su disposición como así le comunicamos al Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Pero hasta la fecha solo los servicios técnicos regionales de patrimonio han adoptado medidas concretas para defender el patrimonio arqueológico y cultural del despoblado conforme a la normativa aplicable».
También conviene saber, indican desde la Junta, que la intervención sobre el patrimonio protegido del monte de utilidad pública del Parque Natural «no ha cesado», también con nuevas construcciones y modificaciones y alteraciones de otros elementos.
«De todas las actuaciones que se continúan realizando tienen constancia nuestros agentes medioambientales y el Seprona de la Guardia Civil, que velan por la protección y conservación del patrimonio público natural. Trabajadores y trabajadoras públicas que reciben incluso insultos y amenazas y que sufren ante el grave deterioro que observan con la frustración de no poder garantizar la óptima conservación del patrimonio natural».
Además, desde la Junta se ha solicitado al juzgado autorización para acceder y realizar trabajos de prevención de incendios forestales porque están «muy preocupados» por el alto riesgo de que se produzcan. «Una amenaza que se acentúa en estas fechas, a menos de un mes de comenzar la campaña de lucha contra los incendios forestales, y durante el verano y cuyas causas son la enorme cantidad de residuos, material inflamable incluido, acumulados por quienes se instalan ahí y sus prácticas negligentes como el uso de fuego».
«Estos comportamientos ponen en serio peligro a este monte público, a las amplias masas forestales del Parque y a los núcleos de población de la zona. Y así lo han constatado y documentado en sus informes nuestros agentes medioambientales, trabajadores y trabajadoras públicas que sufren ante el grave deterioro que observan con la frustración de no poder garantizar la óptima conservación del patrimonio natural», concluyen desde Desarrollo Sostenible.
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