«¿Qué valor tiene levantarse en un pueblo y ver todo carbonizado?». Tras el paso del incendio de La Mierla y la pérdida de 32.000 hectáreas de alto valor ecológico, la representación de los trabajadores de la empresa pública Geacam da por agotado el modelo actual de extinción. Por ello, exige una reestructuración urgente bajo el mando directo de la Administración autonómica.
El representante del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores, acompañado por los delegados provinciales de Guadalajara y Toledo, Iñaki Blanco y Javier Rubio, ha denunciado el paulatino desmantelamiento del dispositivo contra incendios en la región. Según los datos facilitados por el sindicato, el operativo actual cuenta con 672 bomberos forestales menos que en el año 2008. En ese momento se dimensionó el servicio tras el trágico incendio de Riba de Saelices.
El déficit de personal afecta a todas las provincias de Castilla-La Mancha: Albacete suma 142 vacantes sin cubrir, Cuenca 120, Guadalajara 152, Ciudad Real 120 y Toledo 140. Amores ha advertido de que esta falta de plantilla provoca que muchos retenes salgan a intervenir con solo cuatro personas. Según él, esta cifra es «inviable» para abordar emergencias de gran magnitud. Desde la organización sindical instan al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, a asumir responsabilidades y cesar a la consejera si esta no dimite. Además, reclaman que el servicio pase a ser gestionado de forma directa por la Administración para evitar el presupuesto de «cero euros» con el que Geacam justifica la falta de mejoras laborales.
Jornadas ilegales de 22 horas y deficiencias en la logística
La denuncia de CCOO no solo se centra en la escasez de recursos humanos, sino en las duras condiciones en las que la plantilla ha tenido que operar durante la extinción del fuego en la Sierra Norte. El sindicato ha elevado denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras constatar que conductores de autobombas de más de 10.000 kilos han llegado a realizar turnos de 22 horas seguidas. Así, han superado con creces el límite legal de nueve horas.
«Lo que nos trasladan los compañeros es que iban muertos de cansancio al volante», ha remarcado Amores sobre la seguridad de los profesionales durante la emergencia.
A esta situación se suma la falta de equipamiento básico, habiéndose registrado casos de efectivos que han utilizado un único equipo de protección individual (EPI) durante cuatro y hasta siete días consecutivos. Las críticas también apuntan a la logística de descanso. En algunos casos, había alojamientos sin ventilación adecuada en los que los trabajadores debían esperar a que sus compañeros se levantaran para poder ocupar una cama. Esto reducía los tiempos de recuperación de 12 a 10 horas.
La labor de prevención, paralizada hasta el próximo año
Respecto a la gestión del terreno, la representación laboral ha calificado de «mentira» la política de prevención del Gobierno regional. Según explican, las labores de prevención en el monte quedarán prácticamente paralizadas hasta enero debido a la acumulación de días libres que se deben a la plantilla por las horas extra trabajadas en el fuego. Además, a esta situación se suma el despido previsto de los trabajadores interinos en septiembre.
Desde CCOO sostienen que el modelo actual necesita un cambio de enfoque estratégico radical. Así, la prevención debe priorizarse en los perimetros de las poblaciones y no solo en el monte. Esto evitaría que los retenes tengan que abandonar el combate directo del fuego para centrarse en proteger de forma improvisada las viviendas de los municipios afectados.
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