El Consejo de Ministros extraordinario reunido este domingo ha aprobado la paralización de las actividades no esenciales entre este lunes, 30 de marzo, y el próximo jueves 9 de abril, ambos inclusive, para frenar la propagación del Covid-19 y reducir la movilidad a la de los fines de semana, a través de un permiso retribuido recuperable, por lo que los trabajadores no perderán su salario pero tendrán que recuperar horas tras el estado de alarma.

El supuesto «parón total» no afecta a:

A las personas trabajadoras en las actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.
A las personas trabajadoras en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
A las personas trabajadoras de las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
A las personas trabajadoras de todas las actividades productivas del sector industrial manufacturero y, en especial, las del sector químico, los sectores de fabricación de medicamentos y farmacia, del sector de la alimentación y bebidas, los subsectores del textil, el vidrio, el tabaco, los productores de bienes de equipo y los sectores de la cadena de valor de fabricación de todo tipo de tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario, los sectores de producción de pasta, papel, cartón o celulosa, así como aquellas otras actividades conexas que ofrezcan los suministros, equipos, materiales, materias primas o servicios profesionales necesarios para el correcto desarrollo de dichas actividades.
A las personas trabajadoras en las actividades que deban prestar los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas desde la declaración del estado de alarma.
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al personal que presta servicios en Instituciones Penitenciarias y al personal de los servicios de protección civil, salvamento y extinción de incendios, así como tráfico y seguridad vial.
A las Fuerzas Armadas.
Al personal de las empresas de seguridad privada que presta servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
A las personas trabajadoras de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las que atiendan mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, así como las personas que trabajen en empresas, entidades y centros de investigación en los que se estén desarrollando proyectos relacionados con el COVID19, y contra todas aquellas otras enfermedades que impliquen ensayos clínicos y pruebas de concepto en marcha; así como los animalarios a ellos asociados y las empresas prestadoras de servicios y suministradores de productos necesarios para la investigación en estas materias.
A las personas empleadas del hogar y personas cuidadoras.
A las personas trabajadoras que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
A las personas trabajadoras de empresas de servicios financieros y de seguros.
A las personas trabajadoras de la industria electrointensiva, siderúrgica y altos hornos y minera, así como a las personas trabajadoras en la producción y suministro de servicios de calefacción o aire acondicionado de forma centralizada para múltiples centros de consumo.
A las personas trabajadoras de empresas dedicadas a la fabricación de baterías de plomo, así como cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
A las personas que trabajan en plantas con ciclo de producción continuo o cuya interrupción pueda ocasionar daños graves en la propia instalación o peligro de accidentes.
A las personas que trabajan en la industria aeroespacial y de defensa, así como otras actividades de importancia estratégica para la economía nacional.
A las personas trabajadoras de las empresas de telecomunicaciones y de servicios informáticos esenciales. En las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tendrán la consideración de servicios informáticos esenciales aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
A las personas trabajadoras de empresas servicios esenciales relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
A las personas trabajadoras que presten servicios en actividades necesarias para la gestión y abono de las prestaciones públicas, subsidios y ayudas legal y reglamentariamente establecidas y el funcionamiento del Sistema de la Seguridad Social.
A las personas trabajadoras que presten servicios en gestorías administrativas y de graduados sociales, asesorías, despachos profesionales, servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales y, en general, aquellas dedicadas a la actividad de asesoramiento legal, fiscal, empresarial y sociolaboral o a la defensa de los intereses de las personas consumidoras.
El personal laboral al servicio de las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
A las autoridades civiles responsables de la salud pública y los empleados que presten servicios en dicho ámbito, así como aquellos otros relacionados directa o indirectamente con la gestión de la emergencia sanitaria.
A las personas trabajadoras de los servicios funerarios, así como de la construcción de nichos y otras actividades conexas.
A las personas trabajadoras que presten servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbano, peligrosos y no peligroso, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y retirada de animales muertos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
A las personas trabajadoras en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
A las personas trabajadoras que participen en la prestación de servicios que hayan sido declarados o se puedan declarar esenciales por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Al personal del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
A las personas que desarrollen la actividad de gestión y explotación de autopistas de peaje, incluidas las estaciones y áreas de servicio que se encuentren en las mismas.
A las personas trabajadoras en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
A las personas trabajadoras en la provisión de servicios meteorológicos incluidos los servicios de mantenimiento y vigilancia, control de procesos operativos vinculados a los servicios meteorológicos, procesos de predicción meteorológica y proceso de observación aeronáutica y observación/predicción en defensa.
Asimismo, tendrán la consideración de servicio esencial la prestación de servicios a las Administraciones Públicas, cuando ello sea imprescindible, y en la medida en que lo sea para garantizar el funcionamiento básico de los servicios públicos. Del mismo modo, aquéllas que presten servicios en actividades de gestión de servicios dotacionales e infraestructuras de servicio público que resulten imprescindibles.
A las personas que presten servicios presenciales imprescindibles para el despacho aduanero, los de vigilancia aduanera y los realizados para el desempeño de los servicios críticos necesarios para la aplicación del sistema tributario.
A las personas trabajadoras que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
A las personas que prestan servicios en operadores logísticos e industrias textiles o de otra índole dedicadas o reconvertidas a la fabricación o importación de material sanitario.
A las personas que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
A las personas que presten los servicios mínimos necesarios para el mantenimiento y conservación de las instalaciones que paralicen su actividad durante el periodo señalado.
A las personas trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia, salvo pacto en contrario entre el empleador y la representación legal de las personas trabajadoras a través de la negociación colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas trabajadoras.
A las personas trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal en los días de vigencia del permiso regulado en el presente real decreto-ley, así como aquellas otras cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas, entre ellas, las previstas en los apartados d) y e) del artículo 45.1 d y e Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
También tendrán consideración de servicio esencial la actividad sindical y patronal para dar servicio a empresas y personas trabajadoras.

Serán excepcionadas de la paralización de actividades no esenciales, aquellas actividades realizadas por empresas dirigidas a salvaguardar la seguridad de las personas y el medioambiente, la sanidad animal, la seguridad de las minas, prevención y extinción de incendios, así como las dirigidas a la búsqueda y rescate de personas.

«El esfuerzo empieza a dar frutos»

En una rueda de prensa telemática tras el Consejo de Ministros extraordinario, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el «esfuerzo importante» de los ciudadanos con el confinamiento «empieza a dar sus frutos sin duda» al reducirse el contagio, si bien ha indicado que las nuevas medidas «extraordinarias, de envergadura y de gran calado» buscan reducir «al mínimo» la expansión del virus y la movilidad al nivel que se registra un domingo del estado de alarma.

«Estamos cada vez más cerca de doblegar la curva pero hace falta esfuerzo adicional», por lo que «hay que dar un paso más para conseguir los días antes de Semana Santa que la movilidad sea la correspondiente a la de un fin de semana», ha indicado Montero, quien ha apuntado que la nueva suspensión de actividades no esenciales trata de anticipar la Semana Santa y «ganar tiempo» para el sistema sanitario, con el fin de que esté «tensionado pero no saturado» y pueda atender a las personas más vulnerables a la enfermedad.

«Todavía nos queda ese pequeño margen y se pretende intentar simular durante estos días el comportamiento que tenemos habitualmente durante un fin de semana», ha añadido, recalcando la importancia de reducir la movilidad las dos próximas semanas, ya que en este periodo se producirá la mayor utilización de servicios sanitarios, entrando en una especie de «hibernación» de la economía para evitar la saturación de dichos servicios.

«NO HAY NINGUNA ALARMA AÑADIDA»
Montero ha asegurado que «no hay ninguna situación de alarma añadida», pero ha explicado que los modelos de monitorización del contagio y los recursos sanitarios elaborados por los expertos y el Comité Técnico han aconsejado ahora aplicar esta nueva restricción de actividades para que la movilidad de estas dos semanas se reduzca a la de un fin de semana.

Por ello, ha defendido que la medida no se pudo producir antes porque había que observar las diferencias de movilidad en los días laborables respecto al fin de semana, para lo que era necesario que transcurriesen los primeros 15 días del estado de alarma, con un fin de semana de por medio.

«Ha sido ahora cuando los modelos han planteado, tras 15 días de confinamiento con un fin de semana de por medio, que sería bueno y aconsejable adoptar las medidas para arañar décimas de reducción de movilidad», ha enfatizado, tildando de «ejemplar» el comportamiento de los ciudadanos.

PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE
Mediante el permiso retribuido recuperable aprobado, los trabajadores de las actividades no esenciales de empresas o entidades públicas y privadas continuarán recibiendo su salario con normalidad de parte de las empresas y, una vez termine la situación de emergencia, recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo, pactando ampliar su horario con los empresarios hasta el 31 de diciembre para recuperar los ocho días laborables de inactividad, según ha explicado Montero y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En concreto, la nueva paralización de actividades no afectará a las personas que se encuentren desarrollando ya su actividad mediante teletrabajo, a las personas incorporadas en expedientes de regulación de empleo (ERTE), a personas que se encuentran en incapacidad temporal o disfrutan de un permiso de paternidad o maternidad, ni a los trabajadores de servicios esenciales, como tampoco a aquellos excluidos por el decreto de declaración de estado de alarma.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido de que el Gobierno «no va a aceptar presiones» al primar «el interés general por encima de los particulares», y que tras el estado de alarma se cumplirá el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, por el que en la devolución de horas se deberán respetar descansos de jornada diarios, los de semana y ser compatible con la conciliación.

ACTIVIDADES ESENCIALES Y NO ESENCIALES
Entre los trabajadores que continuarán trabajando se encuentra todo el personal sanitario, el Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, el personal de cuidado de personas vulnerables y los trabajadores en el sector de logística de compras, ha especificado Montero, junto a los fabricantes de productos farmacéuticos y material sanitario. Es previsible que también sigan trabajando los trabajadores de Correos, telecomunicaciones y servicios privados de seguridad, así como los empleados de los sectores de distribución de alimentos o química.

La portavoz del Gobierno ha detallado que permanecerá «tal cual» la situación de los trabajadores que no requerían presencia física, establecido en el real decreto-ley del estado e alarma, al tiempo que ha indicado que en la práctica totalidad de las administraciones se han desarrollado medidas para que en la medida de lo posible los funcionarios puedan desarrollar su trabajo desde su domicilio y reducir la transmisibilidad.

Además, ha indicado que continuarán operativas determinados fabricantes en el sector industrial imprescindibles para elaborar material necesario, como el de la moda para fabricar batas o mascarillas, la industria del alcohol y química para producir geles desinfectantes, o los sectores del automóvil y la aeronáutica, para fabricar componentes de respiración asistida.