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20 junio 2024
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¿Saber el ADN del perro sería útil contra los dueños guarros? El PP cree que sí

El concejal José Luis Alguacil ha anunciado este jueves una propuesta del Grupo Municipal Popular de Guadalajara para modificar la ordenanza municipal vigente.

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La teoría es sencilla, aunque hay que llevarla a la práctica: identificar preventivamente cada perro de Guadalajara por su ADN y «recolectar» las heces que se encuentren en la calle para su análisis. A la vista de los resultados, se podría multar a los dueños de los perros sin duda posible, aun no habiendo sido la autoridad testigo directo de la deposición.

La idea no es nueva, puesto que ya fue llevada en el programa electoral por el PP de Antonio Román y fue defendida con vehemencia por el concejal Francisco Úbeda. Pero nunca se ha llevado a la práctica.

Ahora, el concejal José Luis Alguacil ha anunciado este jueves una propuesta del Grupo Municipal Popular de Guadalajara para modificar la ordenanza municipal vigente, de modo que sea capaz de incluir la nueva normativa vigente en materia de ADN canino.

Para ello, el Grupo Popular propondrá este viernes al pleno del Ayuntamiento realizar un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara para que sea quien tome la muestra al animal para dotarlo de su huella genética, así como la inclusión de los datos de este y del propietario en la base de datos que soportará el Banco de ADN de la ciudad.

Mala imagen para la ciudad

«Son continuas las quejas de los ciudadanos por los excrementos caninos abandonados en nuestras plazas y calles, siendo uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad en materia de limpieza e higiene», ha razonado Alguacil. Por ello, también se considera necesario «realizar cursos de formación y protocolos de actuación al personal designado por el Ayuntamiento para recolectar las muestras de heces abandonadas en la vía pública y financiar el proyecto con los fondos EDUSI, ya presupuestados».

Desde el Grupo Popular consideran que esto constituye «un grave deterioro» de la imagen de la ciudad además de poder llegar a convertirse en un «grave problema» de salud pública, especialmente en los grupos más vulnerables como pueden ser los ancianos y los niños así como los grupos de personas inmunodeprimidos, trasplantados, embarazadas y ciertos pacientes con tratamientos oncológicos.

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