Sergio David González Egido ha demostrado una resistencia al sobreesfuerzo físico y mental propia de un maratoriano. Han sido casi tres horas de interrogatorio, esencialmente por parte de la fiscal, en el juicio por el incendio de Chiloeches, y no ha cedido un milímetro en su posición de partida: negar cualquier trato de favor de su parte hacia las empresas del vertedero de residuos tóxicos, negar cualquier responsabilidad por el hecho de firmar los documentos que le llegaban en el portafirmas como viceconsejero de Medio Ambiente, negar haber compatibilizado su actividad empresarial privada con cualquiera de sus cargos públicos. Tres horas negando.
Investigador de la Universidad de Alcalá, como se ha ocupado de destacar siempre que ha tenido ocasión en su cita con el banquillo, está acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental que habría tenido como desenlace el incendio declarado en agosto de 2016 en Chiloeches.
González Egido ha desplegado paciencia frasciscana ante la reiteración de las preguntas, viejo truco leguleyo. Lo que se juzga en su caso es lo hecho, o lo omitido, en su etapa de viceconsejero de Medio Ambiente, entre julio 2015 y septiembre 2016, cuando fue cesado. Recordemos que el cese llegó cuando apenas había pasado un mes del incendio, justo cuando su nombre apareció profusamente en la desaparecida «Interviú» con interpretaciones en nada beneficiosas para él ni para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Aún sostiene que lo de abandonar el cargo lo había pedido en julio, antes del siniestro, por motivos personales.
¿Para qué sirve un político?
Este licenciado en Ciencias Químicas, que últimamente ha impartido clases sobre gestión de residuos a los alumnos de un master universitario, ha insistido en que su labor como viceconsejero era ser «la figura política» de representación de la Viceconsejería y ha negado tajantemente que tuviera alguna participación en la gestión administrativa «ordinaria» de los expedientes, sino que se limitaba a firmar lo que le llegaba a la mesa.
Según ha expuesto de manera reiterada, todas las semanas tenía en su mesa unas 200 firmas de distintos estamentos y firmaba porque «el viceconsejero no entra para nada en la gestión administrativa», cometido que ha atribuido en exclusiva a los técnicos, que eran los que luego pasaban la documentación al jefe de servicio hasta llegar s su mesa
«El viceconsejero es el que firma y el responsable público de la Viceconsejería , donde llegan muchos papeles y él no está a todo», ha subrayado.
Egido y sus empresas
En las casi tres horas de declaración se ha vuelto a preguntar por su cargo como «presidente independiente» de Biocombustibles del Henares antes de llegar a la Viceconsejería. En esa empresa participaba Grupo Layna Residuos, los responsables últimos de la planta hasta el incendio, junto a otra compañía del sector.
González Egido ha enfatizado en que, tras salir el otro socio y quedarse Layna con todo el accionariado, se acabó su historia en la mercantil. «Nunca tuve ninguna responsabilidad en el Grupo Layna», ha insistido. Tan solo ha aceptado que tenía alguna amistad con la madre y, en menor grado, con los tres hijos propietarios de esta compañía.
La «no relación» con el vertedero
Ha apuntado el acusado que cuando en marzo de 2016 el coordinador de área le informó de que había una situación anómala en la planta incendiada en Chiloeches, en la que ya tenía participación Layna junto a Kuk Medioambiental, en ese mismo momento les comentó que precisamente por la relación que había tenido con Layna previamente en un proyecto de investigación conjunto, quería abstenerse, asegurando que nunca supo que allí se hubieran estado realizando actos ilícitos.
Ha negado Sergio David González tener ninguna relación mercantil ni con Kuk ni con Layna y ha aludido a que, aunque posteriormente creó otras empresa llamada Biosonoil, también la terminó vendiendo.
González Egido está acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental y el Ministerio Fiscal pide para él una pena de trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, tres años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo mientras dure la condena y veintidós meses de multa a 20 euros diarios con responsabilidad personal subsidiario de once meses de cárcel en caso de impago.
El testimonio del Jefe de Servicio
Antes que el exviceconsejero ha prestado declaración el jefe de Servicio de Medio Ambiente Industrial, más tarde nombrado jefe de sección de Impacto Ambiental, en el periodo 2011-2012, José María M.G.. Está acusado también por el Ministerio Fiscal de un delito de prevaricación medioambiental. Ha asegurado en su intervención que de las ocho resoluciones que cita la Fiscalía en su escrito de acusación él no ha dictado ninguna y que nunca ha dado trato de favor a ninguna compañía o persona.
Según ha precisado, en sus actuaciones nunca habría tenido conocimiento de la existencia de un acto ilícito o ilegal ni tampoco estaba desobedeciendo o ignorando ninguna decisión de sus superiores ni ningún mandado de otra autoridad.
Ha apuntado también que entre sus competencias no estaba la de fiscalizar a órganos superiores y que nunca recibió ninguna notificación ni advertencia referida a que la resolución del 30 abril de 2008 no fuera una autorización ambiental integrada.
Ha incidido en que él no tenía competencias en materia sancionadora ni sobre resoluciones administrativas o judiciales ni tampoco para ejecutar decisiones y que tampoco omitió el cumplimiento de alguna función propia de su cargo ni actuó con ánimo de incumplir la legalidad.
Al igual que González Egido, ha negado cualquier posible trato de favor a las compañías gestoras de los residuos.
La siguiente sesión del juicio se ha pospuesto hasta el 4 de octubre, de nuevo en los antiguos Juzgados de la Plaza de Beladíez.