El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha acordado este lunes por la tarde dejar en situación de prisión provisional eludible con el pago de 5.000 euros de fianza al maestro interino de Educación Física de un colegio público de la ciudad autónoma denunciado por presuntos abusos sexuales sobre al menos dos alumnas de cuatro años.
Según ha detallado su abogado, Javier Cabillas, en declaraciones a los medios, el abono de esa cantidad podría producirse en las próximas horas. Si así fuera, el investigado tendría que entregar su pasaporte y firmar cada semana en sede judicial.
Además, se le han impuesto como medidas cautelares adicionales una prohibición de comunicación con las dos menores supuestas víctimas, así como de acercarse a menos de 100 metros de ambas en cualquier lugar en el que se encuentren incluido el CEIP Ramón y Cajal, en el que están escolarizadas y donde el acusado trabajaba desde septiembre.
El docente, cuya identidad responde a las iniciales J.M.R.V., ha pasado este lunes a primera hora de la mañana de nuevo por los juzgados de Ceuta tras hacerlo por primera vez hace una semana, entonces ante el titular del número 3, que le mandó a la cárcel sin condiciones tras la apertura de unas diligencias incoadas a instancias del personal del Hospital Universitario tras revisar a una niña que se había quejado de «dolores» en sus partes íntimas con sus familiares.
El jueves de la semana pasada otro maestro de otro colegio de la ciudad fue detenido acusado del mismo delito, aunque 24 horas después quedó en libertad con cargos a la espera de que se analice su teléfono móvil y material informático requisado por la Policía Nacional. Este docente, C.T.R., ha presentado este lunes una baja médica para no tener que reincorporarse a su centro escolar, algo para lo que no se sentía «psicológicamente preparado».
Protestas de profesores
Durante los últimos días se han sucedido las concentraciones de docentes en distintos colegios e institutos para alertar sobre la «vulnerabilidad» en la que, a su juicio, quedan los maestros o profesores en caso de ser acusados de cualquier delito. El colectivo ha llegado a alertar en una movilización ante la Delegación del Gobierno de la posible existencia de una «gran mafia» intentando lucrarse con la presentación de «denuncias falsas».
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha defendido que tanto la Policía como la Justicia están aplicando «escrupulosamente» los protocolos establecidos y el director provincial de Educación, Javier Martínez, se ha mostrado convencido de que «las investigaciones en curso nos dirán, en algún momento, la verdad», por lo que ambos han reclamado tanto respeto por «la presunción de inocencia» como por «la acción de las fuerzas de seguridad y los juzgados».