El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes la orden de bases para la convocatoria de las ayudas del programa Unico-5G Redes activas, que contará con un presupuesto de más de 500 millones de euros para desplegar en municipios de menos de 10.000 habitantes el equipamiento necesario en los servicios de red 5G. Con ese límite de población, la práctica totalidad de las localidades de la provincia de Guadalajara quedan teóricamente incluidas.
Para conseguir el despliegue del 5G en el ámbito rural, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha detallado que estas ayudas están dirigidas, entre otros destinatarios a los operadores con derechos de uso de frecuencias en las bandas 5G para incentivarles al desplegar esta tecnología también en municipios de menor tamaño.
La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha informado de que son unas ayudas «pioneras» en Europa con las que el Gobierno de España quiere evitar «la aparición de una brecha territorial en la implantación del 5G».
Asimismo, estas ayudas persiguen el objetivo de garantizar la cohesión territorial mediante la conectividad universal en España a esta tecnología 5G, «que va a marcar todo tipo de tendencias económicas y sociales en los próximos años», ha detallado en una nota de prensa el Departamento que dirige Nadia Calviño.
Entre los diferentes aspectos técnicos incluidos en las bases reguladoras de estas ayudas está la provisión de equipamiento necesario activo, pasivo y, en su caso, la infraestructura adicional como «backhaul», refuerzo de mástiles o de energía, necesaria para la prestación de servicios 5G ‘stand alone’.
Todas estas medidas permitirán a los ciudadanos de estos entornos rurales profundizar en la transformación digital de sectores económicos como el agropecuario, el del turismo rural, el de la vigilancia de infraestructuras críticas como presas y centrales eléctricas, la telemedicina o la tele educación, entre otros.
En los criterios de evaluación también se valora la cantidad de población cubierta y los kilómetros de carretera, así como la construcción de nuevos emplazamientos. Además, los proyectos deberán estar finalizados antes del 30 de junio de 2025.