La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, ha explicado las diferentes acciones que tiene en marcha el Gobierno regional para erradicar la mutilación genital femenina. Lo ha hecho durante la jornada ‘Acaba con la ablación, experiencias en modelos de coordinación de servicios públicos para prevenir y apoyar’ que se celebra en Albacete.

La mutilación genital femenina está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas y, según UNICEF, se practica en unos 40 países en África, Oriente Medio y Asia.

En el mundo, más de 200 millones de mujeres y niñas vivas han sido objeto de esta terrible práctica; en Europa, afecta a más de 500.000 mujeres y niñas. Alrededor de 180.000 están en riesgo de sufrirla y, en España, el estudio de Kaplan y López (2013) calcula que corren riesgo 17.000 niñas.

Pilar Callado ha indicado que, consciente de la necesidad de abordar un problema como este, el Gobierno regional puso en marcha en 2017 el ‘Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-La Mancha’, en el que están involucradas las Consejerías de Sanidad, Bienestar Social y Educación, asociaciones, entidades y el mismo Instituto de la Mujer con el fin de coordinar esfuerzos y poner en común los medios personales y materiales para prevenir esta práctica. El propósito del Protocolo es realizar acciones de educación e información, sin culpabilizar a la familia, tratando de que abandonen esta práctica, con los recursos de la propia comunidad y de los colectivos de migrantes.

Junto a este protocolo, la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, aprobada en octubre del año pasado, recoge en su artículo 4 que la mutilación genital femenina es una de las formas más extremas de discriminación contra las niñas y las mujeres que pone de manifiesto la desigualdad existente entre mujeres y hombres legitimada por el sistema patriarcal.

En la anterior legislatura se puso en marcha la línea de ayudas para subvencionar proyectos de entidades y asociaciones que desarrollen acciones dirigidas a la prevención y sensibilización.  “Ante esta atrocidad de violación de los derechos a la salud, a la seguridad, a la integridad física y, en definitiva, a la vida, ningún Gobierno ni institución pública, entre ellos el Gobierno de Castilla-La Mancha, podía quedarse impasible”, ha concluido Callado.