Después de una larga jornada en la Audiencia Provincial de Guadalajara, la fiscal elevaba este martes a definitiva su petición de pena de cinco años y nueve meses de cárcel para la acusada de llevarse un bebé recién nacido del Hospital de Guadalajara. De la posible pena, A. ya ha cumplido año y medio, que es el tiempo que lleva en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Alcalá-Meco.
Los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2019. Como ha quedado acreditado durante la vista oral de este 14 de julio, en la que el juicio ha quedado también visto para sentencia, lo hizo simulando ser una pediatra y ante la estupefacción de los padres de la criatura. Afortunadamente, estos pudieron recuperar a su hijo apenas unas horas después.
Engaño premeditado y permanente
El Ministerio Público entiende que la acusada actuó en todo momento con engaño y que planificó cada detalle. Avalarían tal convicción datos como el que llevara una bata de doctor cuando se hizo pasar por pediatra o que desde meses atrás fuera diciendo a familiares y amigos que estaba embarazada, sin estarlo.
Precisamente, el supuesto embarazo y consiguiente aborto a los seis meses y medio de gestación es lo que más se ha empeñado a defender esta camarera navarra residente en Cabanillas del Campo hasta su detención. «En ningún momento ha sido nada pensado ni inventado ni estudiado, jamás. Y que yo parí un hijo, eso lo sabe Jesucristo», llegó a exclamar A. en su declaración final.
«Detención ilegal» durante tres horas
Para la Fiscalía también ha quedado acreditado, en base a los informes y a los testimonios, que ha existido un delito de detención ilegal de un neonato durante unas tres horas. Se da el agravante de simulación del ejercicio de la función pública, ya que se puso una bata para hacerse pasar por doctora e inducir al error a los progenitores y ganar tiempo en su plan; lo consiguió, porque se llevó al niño. La situación se mantuvo hasta que la Policía fue a la casa que okupaba la presunta autora
Además, la fiscal ve muy claro que la presunta autora nunca estuvo embarazada, contrariamente a lo que A. mantiene desde un principio. La defensa ha tratado de argumentar un trastorno con limitación de la personalidad y anomalía psíquica acreditada por el «vacío existencial» que sufría en su vida. Frente a este atenuante esgrimido, para el Ministerio Público habría quedado acreditado que ella sí sabía lo que hacía.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal la ha fijado en 6.000 euros para la familia del niño, frente a los 640 que se pedían inicialmente.
La defensa no ha cuestionado la existencia de un delito de detención ilegal pero ha pedido que se tenga en cuenta que entregó al niño cuando se lo reclamaron en su casa, así como la relevancia de su trastorno de la personalidad.
Última palabra de la acusada
La acusada ha utilizado su derecho a decir la última palabra para asumir lo que hizo y asegurar que ya está pagando por ello. También ha señalado que por muchos años que la metan en la cárcel y por mucho que pida perdón a los padres, «no puede hacer nada».
«Lo que les hice, lo hice. Lo asumo y estoy pagando y pagaré las consecuencias hasta el final», ha señalado A.
Era el colofón a una jornada maratoniana, en la que por la sala de la Audiencia de Guadalajara han pasado testigos y peritos en turnos de mañana y tarde. El juicio celebrado en la Audiencia ha sido el primero que se ha desarrollado de forma virtual para los medios de comunicación tras el COVID-19.